El poder de los oligarcas tecnológicos supera al de los Estados

Por Cecilia Remis*

Un informe de la relatora especial de la ONU denuncia que multimillonarios como Elon Musk y Mark Zuckerberg toman decisiones sobre el debate público global sin rendir cuentas, mientras el gobierno de EEUU presiona y castiga a quienes regulan las plataformas digitales.

Control de los espacios digitales

La libertad de expresión enfrenta una amenaza sin precedentes debido a una asimetría de poder entre los Estados y un pequeño grupo de gigantes tecnológicos que controlan los espacios digitales globales. Esta es la contundente conclusión del informe final de la relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan, presentado el pasado miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos.

El documento acuña el término «oligarcas tecnológicos» para describir a individuos cuya influencia, respaldada por una riqueza y un alcance planetario, supera a la de la mayoría de los países. Como ejemplo, el informe señala que los ingresos anuales de Meta en 2025 superaron el Producto Interno Bruto de aproximadamente 130 naciones, mientras que sus 3.000 millones de usuarios mensuales exceden la población de cualquier Estado.

«La riqueza, influencia y cultura de las plataformas se han combinado para crear un pequeño grupo de oligarcas tecnológicos que ejercen un poder directo sobre los espacios digitales sin rendir cuentas», afirma el texto, que menciona explícitamente a Elon Musk, propietario de X, y a Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

El informe critica que Musk, quien se autodenomina un defensor «absolutista» de la libertad de expresión, rechace la moderación de contenidos, lo que implica un riesgo de que una sola persona decida qué información es considerada «verdadera». Asimismo, se refiere a los cambios abruptos anunciados por Zuckerberg en enero de 2025, cuando relajó las protecciones contra la incitación al odio y eliminó el programa de verificación de datos en Estados Unidos, decisiones tomadas, subraya la relatora, sin consulta pública ni evaluación de impacto en derechos humanos.

El papel de Estados Unidos: presión y represalias

El informe dedica un capítulo entero a la actuación del gobierno de Estados Unidos, al que acusa de promover una noción «absolutista» de la libertad de expresión que entra en conflicto con el derecho internacional. Según Khan, la administración estadounidense ha desalentado activamente a las plataformas con sede en su territorio a cumplir con requisitos de transparencia y moderación establecidos por otros Estados.

Más grave aún, el documento denuncia que Washington ha utilizado su poder político y comercial «a una escala que ningún otro Estado se ha atrevido antes» para castigar a quienes intentan regular el sector digital. Entre los ejemplos citados se incluyen: sanciones contra un juez del Tribunal Supremo de Brasil, presiones comerciales e interferencias políticas contra la Unión Europea por su Ley de Servicios Digitales, y represalias contra la República de Corea por regular los monopolios de redes sociales.

Armas de la represión y el ciberespacio como campo de batalla

La experta advierte que algunos actores políticos están «armando la libertad de expresión» bajo el pretexto de promover un entorno abierto, retratando cualquier restricción al discurso de odio como censura. «El discurso de odio que se permite florecer sin control no produce más libertad de expresión, sino menos», sentencia el informe.

Otra herramienta documentada es la criminalización de la disidencia mediante leyes antiterroristas. El informe menciona casos como el uso de normas de «financiación del terrorismo» contra periodistas en Filipinas, la designación de todo el movimiento de protesta Palestine Action como «terrorista» en el Reino Unido, y la equiparación del activismo climático no violento con el terrorismo en varios países.

El ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla donde los Estados recurren a cortes de internet y vigilancia masiva con inteligencia artificial. «La gente habla con menos libertad cuando sabe que está siendo vigilada», advierte Khan, quien alerta sobre el «efecto paralizante» de estas prácticas.

Al concluir su mandato, Irene Khan hace un llamado a construir coaliciones multisectoriales para enfrentar a los poderes fácticos, crear contrapesos institucionales y establecer regulaciones basadas en derechos humanos, con reguladores independientes y protección robusta de datos.

«Libertad de expresión es que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan», sentenció Khan. Su mensaje final es claro: la libertad de expresión no debe ser tratada como moneda de cambio geopolítica ni como una mercancía sujeta a aranceles comerciales, sino como un derecho humano fundamental que debe protegerse frente a todos los poderes, sean estatales o corporativos.

→ Informe de la Relatora Especial:
Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Notas:
*.-  Con información de Noticias ONU
1.- Los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su labor. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas.
2.- Irene Khan, es relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión.

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