El laberinto de la desprotección: Cuando la justicia castiga el dolor de las víctimas de violencia de género
Por Tania Pasca Parrilla
Nota de la autora: Las páginas que siguen no nacen de la teoría académica ni de la fría estadística. Nacen de la rabia y la impotencia de quien ha presenciado, en primera línea, cómo el sistema tritura la vida de las mujeres. Los dos testimonios que articulan este texto son rigurosamente reales. Uno quedó registrado en la pantalla de un teléfono móvil; el otro se ha ido arrastrando durante años por los pasillos de los juzgados ante la mirada cómplice de las instituciones. Ambos comparten el mismo final: la desprotección absoluta de las madres y el desamparo de sus hijos.
La escena se repite en nuestras calles con una impunidad que estremece. En la acera, junto a la puerta de una farmacia, dos cochecitos de bebé, unos biberones y dos hermanos mellizos de apenas dos años que juegan ajenos al peligro rompen la aparente normalidad urbana. En primer plano, la violencia estalla en forma de insultos despectivos, gritos y descalificaciones feroces. Un hombre gesticula con agresividad para humillar a la madre. No es una simple discusión; es una exhibición de poder, el último eslabón de una cadena de violencia psicológica instrumental donde los menores se convierten en los rehenes perfectos para infligir el máximo sufrimiento a la mujer.
Este escenario no es un hecho aislado, sino la antesala de un engranaje mucho más profundo, silencioso y cruel. Es el reflejo de una realidad estructural donde la vulnerabilidad socioeconómica, el impacto biológico de la maternidad y los fallos de un sistema judicial ciego acaban devorando la vida de las mujeres y entregando el destino de los menores a sus propios agresores.
El desgaste invisible: El cuerpo y la carrera que se quedan en el camino
Para entender cómo una mujer llega a esa situación de extrema indefensión, es obligatorio visibilizar un desgaste que las sentencias ignoran: el impacto físico y laboral de la maternidad. La vulnerabilidad no surge de la nada; empieza en el propio cuerpo. Procesos de gestación complejos y partos traumáticos —como los derivados de un parto gemelar, una preeclampsia severa, una complicación médica que pone en riesgo la vida de la madre y del bebé— exigen recuperaciones extenuantes. Sin embargo, la realidad de los cuidados no da tregua: tras sobrevivir a un trauma biológico de tal calibre, la mujer debe asumir de inmediato la crianza intensiva en un entorno que ya suele estar marcado por la tensión o el maltrato.
A este desgaste físico se le suma la brecha laboral. El peso de la crianza suele recaer desproporcionadamente sobre la madre, lo que en contextos de violencia se traduce en aislamiento, años de desconexión del mercado, interrupción de carreras y la pérdida de antigüedad. El tiempo dedicado a cuidar se paga, paradójicamente, con el empobrecimiento crónico de la mujer.
Del piso protegido a una habitación de alquiler: El castigo a la víctima
Pero el verdadero ensañamiento del sistema ocurre cuando la violencia física se transforma en un laberinto judicial de muchos años. Pensemos en el caso real de una profesional de la sanidad pública madrileña, una mujer con un contrato laboral indefinido, trabajadora y coraje de sobra, que tras recibir una paliza brutal por la que su marido acabó en la cárcel y con una orden de alejamiento, tuvo que huir con sus hijos de 5 y 10 años a un piso protegido. Tenía la condición oficial de víctima; tenía las marcas de la violencia. Tenía la razón.
¿Qué hizo la justicia tras años de litigios? Firmar su sentencia de muerte en vida.
Hoy, esa mujer se ha visto obligada a separarse de sus hijos. El sistema judicial evaluó de forma fría y descontextualizada su pérdida de salud mental —las bajas laborales, la necesidad de ansiolíticos, los ingresos hospitalarios provocados por el estrés postraumático del maltrato continuado— y dictaminó que no estaba incapacitada para trabajar, pero sí para ser madre. El veredicto es de una perversión atroz: se utiliza la herida psicológica que el agresor causó en la víctima como el argumento legal para quitarle la custodia.
La humillación es total. Ella ha tenido que abandonar la vivienda familiar y subsistir realquilada en una habitación, destinando su sueldo a sobrevivir sola. Mientras tanto, el agresor, el hombre que pisó la cárcel por maltratador, ha recuperado el control del inmueble, lo tiene arrendado para lucrarse económicamente y ni siquiera cría a sus hijos, delegando el cuidado diario en la abuela. A la madre, el sistema solo le permite ver a sus niños una vez al mes, de forma monitorizada, en un frío Punto de Encuentro Familiar.
Ante este panorama, cabe hacerse una pregunta incómoda pero urgente: ¿Cómo puede nadie mantenerse psicológicamente en pie si el propio Estado te lo ha quitado absolutamente todo? Se le exige a la víctima una entereza sobrehumana mientras se la asfixia, se la despoja de su hogar y se la arranca de sus hijos.
La trampa judicial y la perversión institucional
Aquí se consuma la gran paradoja. Al llegar a los tribunales, la justicia penaliza a la madre por la precariedad económica y el quiebre emocional que el propio proceso de ser madre y ser maltratada le han provocado. Mientras el agresor dispone de una mejor posición financiera para costear litigios infinitos y desgastar psicológicamente a su exesposa, la mujer es tachada de «inestable».
La falta de una perspectiva de género transversal y de una formación profunda en dinámicas de maltrato por parte de algunos operadores jurídicos y equipos psicosociales provoca un sesgo alarmante. Se sigue disociando la violencia ejercida hacia la mujer de su condición de padre, bajo el falso y destructivo mantra de que «un maltratador puede ser un buen progenitor». Al final, la aparente estabilidad material del agresor se confunde erróneamente con el bienestar del menor.
Un revulsivo contra la indiferencia
No podemos seguir mirando hacia otro lado. No podemos llamar «justicia» a un sistema que tritura la salud mental de una madre y luego la condena por estar rota. Urge una transformación profunda que deje de evaluar los casos de violencia de género como meros conflictos patrimoniales o de agenda.
Es imperativo que los tribunales reconozcan el impacto del trauma, protejan el historial de cuidados y entiendan que la salud mental de una víctima no es un defecto de fábrica, sino la consecuencia de una violencia que el propio Estado no supo frenar a tiempo. La protección de los menores y de las madres más vulnerables no puede seguir siendo un privilegio de quien tenga más resistencia económica o menos escrúpulos; es la línea roja que define si vivimos en una sociedad civilizada o en una barbarie institucionalizada.
Los dos casos que describo, que se han cruzado en mi vida por casualidad, igual es porque la casualidad no es tal, sino que forman parte de una cotidianidad oculta que aparece cuando rascas la superficie de la normalidad, cuando dejas de mirar para otro lado y empiezas a escuchar.
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