Ecuador: 2,6 millones de personas en riesgo de hambre aguda por violencia, precios y clima extremo
Vendedores ambulantes ofrecen sus productos en un mercado de Cotacachi, Ecuador. © FAO/Johanna Alarcón
Por Cecilia Remis*
La crisis afecta a una de cada seis personas en el país. Las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Esmeraldas son las más golpeadas.
Más de 2,6 millones de personas en Ecuador enfrentarán niveles críticos de inseguridad alimentaria durante 2025 y 2026, lo que representa casi una de cada seis personas en el país, según un informe humanitario respaldado por Naciones Unidas y la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC).
La publicación, difundida el pasado jueves, advierte que la población se encuentra principalmente en las fases 3 (Crisis) y 4 (Emergencia) de la escala IPC. En la primera, las familias reducen su ingesta de alimentos, venden sus pertenencias o se endeudan para sobrevivir. En la segunda, la desnutrición aguda amenaza la vida y las estrategias de supervivencia se agotan. Aunque la fase 5 (Catástrofe o Hambruna) no se reporta de forma generalizada, los expertos alertan que el país podría avanzar hacia esa situación si no se actúa.
Un cóctel letal de violencia, inflación y clima
El informe identifica cuatro factores entrelazados que explican la emergencia:
• Violencia y desplazamiento: Ecuador registró una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a 7,7 en 2018. Entre 2022 y 2024, 316.000 personas fueron desplazadas, perdiendo sus tierras, cultivos y empleos.
• Precios de alimentos y pobreza: El encarecimiento sostenido de la canasta básica ha erosionado el poder adquisitivo. Muchos hogares destinan más del 70% de sus ingresos solo a comida y aún así no logran cubrir sus necesidades.
• Fenómenos climáticos extremos: El patrón de El Niño ha provocado inundaciones que destruyen cultivos y vías. Solo en la temporada de lluvias de 2026, más de 100.000 personas han resultado afectadas.
• Falta de servicios básicos: Cerca de 920.000 personas carecen de acceso a agua segura y 390.000 no tienen saneamiento adecuado en zonas rurales, lo que agrava las enfermedades y dificulta la preparación de alimentos.
El hongo que afecta la producción bananera —uno de los principales rubros de exportación y sustento de miles de familias rurales— añade una presión adicional sobre los ingresos y la disponibilidad de alimentos.
Provincias más afectadas
Guayas (incluyendo Guayaquil), Pichincha (con Quito), Manabí, Los Ríos y Esmeraldas concentran lo peor de la crisis. En estas regiones, la violencia urbana y la vulnerabilidad rural se combinan en un círculo vicioso: la gente huye de la inseguridad, pierde sus ingresos y no puede alimentarse.
El documento de Naciones Unidas no solo diagnostica, sino que propone una hoja de ruta que incluye:
• Asistencia alimentaria de emergencia (distribución de alimentos o transferencias de efectivo).
• Apoyo a la agricultura local con semillas, herramientas y capacitación.
• Programas de protección social que garanticen ingresos mínimos.
• Inversión en infraestructura de agua y saneamiento.
• Esfuerzos para reducir la violencia, sin los cuales «será muy difícil romper el ciclo del hambre».
Evidentemente como todos los trabajos de la ONU no entra a valorar que el desastre político y social del actual gobierno que es un camino directo al precipicio.
«No se trata solo de dar comida hoy. Se trata de reconstruir los medios de vida para que las familias no dependan de la ayuda mañana», enfatiza el enfoque humanitario integral citado en el informe, tema que depende de las políticas gubernamentales.
Los especialistas subrayan que la inseguridad alimentaria no es solo «tener poca comida». Afecta la nutrición y el desarrollo cerebral infantil, la capacidad de trabajar y estudiar de las familias, la estabilidad de comunidades enteras y el futuro del país.
«Cada mes de retraso en la respuesta hace que la solución sea más difícil y cara», concluye el informe de Naciones Unidas.
* Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) e Informe IPC 2025-2026.
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