Cuando el antifascismo se juzga, el fascismo se normaliza

Por Iñaki Alrui*

Maja T., activista antifascista condenada a ocho años de prisión en Hungría. Una dura sentencia en el contexto de un juicio político, a pesar de la ilegalidad de su extradición confirmada por el máximo tribunal judicial alemán

Justicia selectiva en Hungría: represión antifascista con el aval del silencio europeo

La sentencia cayó rápida, casi sin pausa para la respiración. Treinta minutos después del alegato final de la defensa, el tribunal húngaro anunció el veredicto: ocho años de prisión para Maja T., persona no binaria activista antifascista de 25 años, condenade por “violencia agravada” y “participación en una organización criminal”. Para la familia, la defensa y numerosas organizaciones de derechos humanos, el fallo confirmó lo que ya se temía: el juicio había sido político desde el inicio.

Los hechos por los que Maja fue condenade se remontan a febrero de 2023, durante el llamado Día del Honor en Budapest. Cada año, miles de militantes de extrema derecha europeos —algunos vestidos con uniformes nazis— se reúnen para homenajear a soldados del Tercer Reich y a sus aliados húngaros. El evento, tolerado por las autoridades del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, y suele derivar en episodios de violencia.

Ese año, los enfrentamientos se produjeron en cinco puntos de la capital. Nueve personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Las autoridades húngaras y alemanas atribuyeron los ataques a un supuesto grupo antifascista alemán conocido como Hammerbande o Antifa-Ost. Maja T. fue acusade de haber participado en dos agresiones. Sin embargo, durante el juicio no se presentaron pruebas materiales concluyentes: ni huellas de ADN, ni testimonios coherentes que situaran a la persona acusada en los lugares de los hechos.

Maja optó por guardar silencio durante el proceso. En su última intervención ante el tribunal, rompió esa estrategia para lanzar una acusación directa al poder político: “Todos sabemos qué sentencia quiere el primer ministro de Hungría. Se reprimen las opiniones contrarias a las oficiales porque el objetivo es intimidar”.

El caso adquirió una dimensión internacional desde junio de 2024, cuando Alemania extraditó a Maja a Hungría a pesar de que el Tribunal Constitucional alemán había prohibido la entrega. La notificación judicial llegó minutos después de que la extradición se hubiera ejecutado (¿coincidencia?). Más tarde, el propio Constitucional reconoció que el tribunal que autorizó la entrega no había investigado adecuadamente los riesgos para la persona extraditada. La operación se realizó de madrugada, con un despliegue inusual: traslado en helicóptero y ejecución inmediata de la orden. Para la defensa, fue una maniobra deliberada para evitar recursos legales de última hora. Alemania terminó así entregando ilegalmente a uno de sus ciudadanos a un país señalado reiteradamente por vulnerar el Estado de derecho.

Desde su llegada a Hungría, Maja denunció «condiciones de detención inhumanas»: aislamiento prolongado, una celda infestada de cucarachas, videovigilancia permanente y registros corporales reiterados. La situación se agravó por su identidad no binaria en un país que ha prohibido las marchas del Orgullo y legisla abiertamente contra las personas LGTBIQ+.

El 5 de junio de 2025, Maja inició una huelga de hambre. Tras cuarenta días sin ingerir alimentos y perder trece kilos, fue hospitalizade y retomó la alimentación ante la amenaza de alimentación forzada.

No fue la única persona juzgada en este proceso. Otras causas paralelas terminaron con condenas severas: siete años de prisión para Gabri, dos años para Anna, pese a que el propio tribunal no pudo demostrar de forma fehaciente su presencia en los disturbios. Tobias E., juzgado en enero, recibió una pena menor: un año y diez meses.

Para el padre de Maja, el proceso fue “una parodia de la justicia”. Una valoración compartida por Martin Schirdewan, copresidente del grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, quien calificó la sentencia de “desproporcionada” y denunció su uso electoral. Hungría celebrará elecciones parlamentarias en abril, y Orbán ha intensificado su retórica contra la llamada “ideología antifa”, a la que equipara con el terrorismo, siguiendo una línea similar a la de Donald Trump en Estados Unidos (donde ya han catalogado a Antifa Ost como organización terrorista, junto con otras agrupaciones antifascistas de Italia y Grecia).

Mientras tanto, varias órdenes de detención europeas siguen activas, en el estado español al menos 19 antifascistas están bajo investigación por hacer frente a una manifestación fascista organizada por Falange Española en Gasteiz el 12 de octubre, día declarado de la «hispanidad». En Francia, hay círculos que también sueñan con señalar el antifascismo como organización terrorista. Stéphane Le Rudulier, Senador de Les Républicains, “invita al Gobierno a promover la inclusión de los denominados grupos ‘antifas’ y de todas las entidades y personas físicas directa o indirectamente relacionadas con este movimiento, en la lista de personas, grupos y entidades sujetos a medidas restrictivas en el contexto de la lucha contra el terrorismo sobre la base del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001”. La fascización no sólo tiene lugar en los Estados Unidos o Hungría: es generalizada, y varios sectores políticos piden incluir a los “antifas” en las listas antiterroristas de la Unión Europea.

Diez días después del veredicto, el 14 de febrero, los neonazis volverán a marchar por las calles de Budapest para conmemorar, una vez más, el Día del Honor.
Maja T. seguirá en prisión, sin justicia, pues ya había sido sentenciade antes del juicio.

¡Libertad para los antifascistas!

* Con la información de Budapest Antifascist Solidarity Comittee (BASC) y Contre Attaque.

* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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