Feijóo, dimisión

Por Vicent Maurí Genovés*

«No se puede hablar de estabilidad, responsabilidad ni de gobernabilidad mientras se desprecia a las víctimas de la DANA, se recortan derechos, se atacan las organizaciones sindicales, se niega la emergencia climática, se defiende militarizar la política exterior y se oculta la verdad…»

Alberto Núñez Feijóo no representa un proyecto político fallido por error o incompetencia, sino una forma consciente de gobernar contra la mayoría social. Su trayectoria no deja espacio para la duda: allí donde ha gobernado o tenido capacidad de influencia, las decisiones del Partido Popular han ido dirigidas a proteger privilegios, recortar derechos y debilitar cualquier avance que mejorara las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Mientras millones de personas luchan por llegar a fin de mes, Feijóo y su partido han combatido la subida del salario mínimo, han rechazado la reducción de la jornada laboral y han cuestionado cualquier medida destinada a garantizar empleos estables y salarios dignos. No es neutralidad económica: es una toma de partido clara a favor de un modelo social y económico basado en la explotación, la precariedad y la desigualdad. Lo mismo ocurre con las pensiones, convertidas por el PP en un objetivo permanente. Alimentar el miedo a su supuesta insostenibilidad es la coartada perfecta para abrir paso a la privatización y a los negocios financieros.

Entre sus llamadas “políticas sociales” destaca también un ataque frontal a la negociación colectiva y al movimiento sindical. La propuesta de modificar la legislación para vaciar de contenido los comités de empresa y la representación sindical es un intento deliberado de desarmar a la clase trabajadora, debilitar su capacidad de defensa colectiva y reforzar el poder unilateral de las empresas. Acabar con la negociación colectiva es acabar con uno de los pilares de la democracia en los centros de trabajo.

Este desprecio por los derechos sociales se extiende a todos los ámbitos de la vida pública. Feijóo apuesta por convertir los servicios públicos en mercancía, desregular el mercado de la vivienda y renunciar a cualquier intervención que limite el poder de los grandes propietarios. Al mismo tiempo, defiende rebajas fiscales para quienes más tienen y cuestiona las prestaciones sociales, culpando a las personas vulnerables de una desigualdad que no han provocado.

Pero su política involucionista no es solo económica. Estamos ante una manera autoritaria de practicar la política, reforzada además por sus pactos con la ultraderecha, asumiendo sin complejos su agenda reaccionaria. En esos acuerdos se normaliza el negacionismo climático, se bloquean políticas de transición ecológica y se pone en riesgo nuestro futuro en beneficio de intereses económicos a corto plazo. Negar la emergencia climática es una irresponsabilidad con graves consecuencias sociales, ambientales y laborales.

El PP de Feijóo ha construido su discurso contra la igualdad; contra los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, de las personas migrantes; y contra la pluralidad nacional, cultural y lingüística del Estado. Estamos ante un proyecto de sociedad que necesita enemigos para justificar el retroceso de derechos, la represión y el control político.

A ello se suma una posición claramente militarista, alineada con los intereses de la OTAN más belicista y con líderes como Donald Trump y otros populistas autoritarios. Feijóo apuesta por una política internacional contraria al multilateralismo, al diálogo, al respeto mutuo y a la soberanía de los pueblos, sustituyendo la diplomacia y la cooperación por la escalada militar y la subordinación a intereses geopolíticos ajenos a las necesidades de la ciudadanía y de la paz.

Esta lógica de impunidad y desprecio democrático se ha manifestado con especial crudeza tras la DANA de octubre de 2024. En lugar de exigir responsabilidades por una gestión que terminó con 230 personas muertas, Feijóo ha optado por proteger a Carlos Mazón y a su gobierno. Ha mentido, ha ocultado información y se ha negado a hacer públicas sus conversaciones de aquellos días, demostrando que la prioridad no eran las víctimas, sino salvar a los suyos y sus intereses.

Una prueba evidente de este desprecio es su decisión de dar preferencia a una reunión interna de su partido —la interparlamentaria del PP— antes que acudir a declarar personalmente ante el juzgado de Catarroja, tal y como le reclaman las víctimas de la DANA. No se trata de un problema de agenda, sino de una elección política: anteponer los intereses partidistas a la justicia y al derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Negarse a comparecer y a entregar íntegramente esas comunicaciones no es una anécdota ni una estrategia legal más: es una burla a las víctimas y a la ciudadanía. La transparencia, cuando se han perdido vidas humanas, es una obligación política y moral. Todo lo demás es encubrimiento y desprecio.

Aún más grave es el intento de cerrar la crisis institucional sin permitir que la ciudadanía decida. Respaldar la continuidad del gobierno valenciano o la imposición de un nuevo presidente sin elecciones es negar el derecho democrático del pueblo valenciano a elegir. Cuando el poder se protege a sí mismo y silencia a la gente, deja de ser democrático.

No se puede hablar de estabilidad, responsabilidad ni de gobernabilidad mientras se desprecia a las víctimas de la DANA, se recortan derechos, se atacan las organizaciones sindicales, se niega la emergencia climática, se defiende militarizar la política exterior y se oculta la verdad. Cuando un dirigente se coloca de forma sistemática contra la mayoría social, contra la transparencia y contra la democracia, no hay otra salida posible que asumir responsabilidades y dimitir.

Por respeto a las víctimas, por dignidad democrática y por responsabilidad política, Alberto Núñez Feijóo debe dimitir.

-Imagen de portada: «Feijóo dando una rueda de prensa, con su posverdad». En Metáforas Visuales de Ángel Hernández
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