Crónica de calle: ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!
Por Agencia LQS*
Miles de personas, convocadas por Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y apoyadas por el Sindicato de Inquilinas entre decenas de organizaciones sociales, políticas y sindicales, exigen pensiones públicas dignas, revalorizadas con el IPC real y rechazan cualquier privatización a un mes de las elecciones generales
Las calles de Madrid volvieron a ser este sábado escenario de una de las protestas multitudinarias del calendario social del estado. Miles de personas, llegadas de toda España, recorrieron el trayecto entre Atocha y el final de la calle de Alcalá para defender el sistema público de pensiones y rechazar cualquier intento de privatización. La convocatoria, impulsada por COESPE, reunió a más 50.000 personas, el doble de afluencia que el año anterior.
La movilización se produce en plena precampaña electoral, a poco más de un mes de los comicios generales del 29 de noviembre, y con el futuro de las pensiones instalado en el centro del debate político. No en vano, en las semanas previas dirigentes de Vox y del PP han puesto en cuestión la viabilidad del sistema público, con declaraciones que lo han calificado de «zombi» o han advertido de que «va a petar», propuestas que han sido interpretadas por los convocantes como una hoja de ruta hacia la capitalización privada.
Bajo lemas como «Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden», «Ni privatización ni recortes de servicios públicos» o «Blindar pensiones públicas», los manifestantes exigieron la subida del 6% de las pensiones para 2027 y su revalorización conforme al IPC real, una medida para garantizar el poder adquisitivo. Asimismo, reclamaron que las prestaciones mínimas se equiparen al Salario Mínimo Interprofesional, actualmente fijado en 1.221 euros brutos en 14 pagas, y la realización inmediata de una auditoría pública del sistema, al considerar que existen «muchas pensiones de miseria».
La portavoz nacional de COESPE, Francisca López, insistió en la necesidad de que las pensiones se revaloricen conforme al IPC real, mientras que el portavoz estatal de la coordinadora, Damián Rodríguez, expresó su preocupación por el futuro de las prestaciones tras las elecciones: «Las pensiones cada día son menores con respecto al coste de la vida y se nota en nuestros hogares», lamentó.
Ramón Franquesa, de la Marea Pensionista de Catalunya, fue más contundente en su intervención ante los manifestantes al advertir de que la intención de determinados partidos es «llevar las cotizaciones que pagan los trabajadores a un sistema privado». «Si eso pasa, entonces sí se producirá la quiebra del sistema. Los financieros no deben entrar», subrayó. «Lo que quiebra es lo privado, como en 2008, no lo público. Que nadie se equivoque votando, que nadie vote a los verdugos», añadió.
La vivienda se suma a la reivindicación
Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de la Confederación Sindical de Inquilinas, que unió la lucha por las pensiones a la del derecho a la vivienda. Su portavoz, Sabina Carrau, advirtió de que «no puede haber pensiones dignas si los alquileres no paran de subir» y recordó a Maricarmen, una pensionista madrileña fallecida que se ha convertido en símbolo de la crisis de acceso a la vivienda, por quien los manifestantes guardaron un minuto de silencio.
La organización defendió que «no hay pensiones dignas si el alquiler se lleva una parte cada vez mayor de ellas» y que revalorizar las prestaciones resulta «insuficiente» si ese dinero termina en manos de los rentistas. «No estamos ante una guerra entre jóvenes y mayores, sino ante un conflicto entre quienes viven de su trabajo o de su pensión y quienes se enriquecen a través de las rentas inmobiliarias», señalaron.
Los convocantes también reclamaron al Gobierno cambios más allá de la revalorización: igualar la pensión mínima al salario mínimo, reducir la brecha de género —1.638 euros de pensión media para ellos frente a 1.139 para ellas— y eliminar el castigo a quienes se ven obligados a prejubilarse tras haber cotizado 40 años o más, una reivindicación que vehicula la asociación Asjubi. Su portavoz, Santiago Menchero, agradeció la participación de «muchos jóvenes» y llamó a no quedarse en casa: «¡Protestad!».
La manifestación, que cumple su octava edición, se enmarca en un calendario de movilización que tendrá su próxima cita el 11 de noviembre, con la huelga general por la vivienda, y que los organizadores vinculan a un mismo horizonte de lucha: «¡Gobierne quien gobierne, los salarios, la vivienda y las pensiones públicas se defienden!».
* Video de Turón Valle. Fotos de Luis Manglano
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