La memoria enterrada de un pueblo: Robledo de Chavela, 1931-1945
Por Iñaki Alrui*
“A punto de cumplirse los diez años de la primera edición, ya agotada, amigos y conocidos me pedían reeditarlo. Entre sorprendida y halagada, me propuse hacerlo, pero al releer el libro advertí sus carencias e inexactitudes que no afectaban a la tesis principal de la investigación, pero por pudor me resistía a reeditarlo tal como estaba…”
Con la frase anterior arranca esta nueva reedición ampliada de este trabajo recopilatorio y de estudio en la memoria histórica reciente de Robledo de Chavela. La autora, militante en el compromiso con la Justicia Social, veterana combativa del “Otro mundo posible” y también compañera con la que he compartido (¡comparto!) las banderas de las utopías, Carmen M. Brugera, rescata del olvido la represión franquista en una pequeña localidad madrileña y demuestra, documento a documento, que la guerra civil fue, también en la sierra, una guerra de clases. Ya en la primera edición me pareció importante rescatar las historias locales para poder tejer la gran historia colectiva de la memoria histórica.
El poder oligárquico inmutable
Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la República, en Robledo de Chavela no pasó nada. El pleno municipal se reunió de urgencia, envió un telegrama de adhesión al Gobierno Provisional y siguió gobernando la misma oligarquía que lo hacía durante la monarquía. La corporación «republicana» que tomó posesión dos días después no era más que la continuación de la anterior: se habían elegido a sí mismos mediante el artículo 29 de la Ley electoral de 1907, que declaraba electos a los candidatos de lista única sin necesidad de votación.
Así se documenta en Robledo de Chavela 1931-1945. Desaparecidos, asesinados, detenidos y depurados, cuya segunda edición ampliada acaba de ver la luz. El libro, prologado por la historiadora Mirta Núñez Díaz-Balart en su primera edición y por Roberto Fernández Suárez, en la segunda, es mucho más que una crónica local: es una radiografía del funcionamiento del caciquismo, de la reforma agraria frustrada y, sobre todo, del plan de exterminio que los golpistas aplicaron pueblo a pueblo.
La reforma agraria como amenaza
Entre un variado temario, el libro dedica páginas fundamentales a una cuestión que suele quedar en segundo plano: la recuperación de los bienes comunales. La Ley de Bases de 1932 consideraba expropiables las tierras que habían constituido señoríos jurisdiccionales y permitía a los ayuntamientos instar el rescate de bienes usurpados. En Robledo, donde no existía catastro de la propiedad rústica, los caciques habían ido cerrando caminos y desviando fuentes hacia sus fincas durante generaciones.
La Sociedad de Trabajadores de la Tierra, afín a la UGT, presentó en 1931 tres peticiones concretas al pleno municipal: excluir a funcionarios y terratenientes de las suertes de tierras comunales, conceder las tierras gratuitamente a obreros y labradores, y aplicar el decreto de Laboreo Forzoso. Las dos primeras fueron rechazadas. El gobierno municipal argumentó que «todos los vecinos tenían los mismos derechos», una falacia que ignoraba que solo los ricos podían pagar por adelantado el alquiler de las tierras. Como resume Brugera, «en Robledo el cambio de régimen no había supuesto la pérdida del poder político de su oligarquía local».
Octubre de 1936: la ocupación
El 17 de octubre de 1936, las columnas del teniente coronel Rafael Santa Pau y del carlista Ricardo de Rada entraron en Robledo. Lo hicieron con artillería, aviación, tropas regulares marroquíes y voluntarios de las Juventudes de Acción Popular (JAP). La resistencia republicana, organizada en torno a la columna Mangada, había impedido el avance durante tres meses, pero no pudo detenerlo.
Con la ocupación llegó la represión. El sargento de la Guardia Civil Valentín García Solera, desertor del ejército republicano, fue nombrado comandante del puesto y se puso manos a la obra. Según declaró él mismo en su consejo de guerra, le ordenaron: «Vigíleme muy de cerca a todo el vecindario, que son muy sospechosos, y de manera muy especial al alcalde y al secretario». Con la ayuda de un alguacil confidente, confeccionó un fichero de desafectos.
Los asesinatos de diciembre de 1936
El 27 de diciembre de 1936, dos meses después de la ocupación, Modesto Álvarez Hernández e Ignacio León fueron detenidos y asesinados. Modesto era un hombre de ideas moderadas, católico practicante, que había escondido en su casa al abogado Máximo Cajal y a su hermano. Había formado parte del Comité de Robledo y había intercedido para evitar desmanes. Ignacio León tenía 50 años, cuatro hijos y esperaba el quinto. Había recibido una escopeta de caza en el reparto de armas para vigilar el pueblo.
El relato de sus últimos momentos, reconstruido a partir de las declaraciones judiciales, es escalofriante. Modesto creía que lo llevaban a la cárcel de Ávila. Fue bajado del camión en la carretera de Las Navas del Rey… Allí, en el punto conocido como Fuente del Chaco, Valentín García Solera le disparó un tiro en la nuca; Ignacio León, por su parte, fue asesinado cerca de la huerta de Elías. Dos vecinos, Eusebio Quijada y Adolfo Camargo, fueron obligados a enterrar los cuerpos y a guardar silencio.
El libro demuestra que la represión no fue incontrolada. Siguió siempre la cadena de mando: autoridad militar, comandancia de la Guardia Civil y ejecutores directos.
La cárcel de Ávila y los consejos de guerra
A los asesinatos siguieron las detenciones masivas. Por ejemplo, Francisca Carrión Benito, Palmira Prieto Hernández y José Prieto Alonso fueron detenidos el 28 de diciembre. Francisca, esposa de un hombre de izquierdas huido, permaneció catorce meses en la cárcel sin cargos. El ensayo reproduce el expediente que demuestra que, aunque el libro de registro indicaba que había salido en libertad tres meses después, en realidad fue conducida a Arenas de San Pedro y devuelta a Ávila, donde permaneció hasta febrero de 1938.
Los consejos de guerra se convirtieron en un ritual previsible. Las acusaciones eran siempre las mismas: pertenecer a la UGT o a la Casa del Pueblo, hacer guardias armados, participar en la requisa de armas o de víveres. Todas estas acciones eran legales: el gobernador civil de Madrid, siguiendo instrucciones del Gobierno republicano, había ordenado a los alcaldes que las llevaran a cabo para frenar el golpe. La afiliación a partidos y sindicatos era un derecho en un Estado democrático.
La destrucción de la iglesia: un montaje
Otro de los aspectos más reveladores del libro es el análisis de la acusación recurrente sobre la destrucción de la iglesia. En los consejos de guerra se preguntaba insistentemente a los testigos quién había participado en la quema del templo. Todos respondían que lo ignoraban. Y lo ignoraban porque la iglesia no había sido quemada.
El acta municipal del 10 de diciembre de 1936 acuerda contribuir con 150 pesetas para reparar «los deterioros» en la iglesia parroquial. En agosto de 1939, terminada la guerra, no aparece por ningún lado la reconstrucción del templo, solo el arreglo del tejado. Si solo había que reparar el tejado, el resto del edificio estaba en buen estado. La autora intentó consultar los Libros de Fábrica de la parroquia, pero el Archivo Diocesano de Madrid le negó el permiso.
La conclusión es clara: los desperfectos pudieron deberse a la proximidad del frente, no a una acción intencionada. Robledo fue frente de guerra durante toda la contienda. El Ayuntamiento fue trasladado a Cebreros cuando ya había sido abandonado por la mayoría de los vecinos.
Las mujeres: el eslabón invisible
El libro dedica un capítulo a las mujeres, «las que soportaron gran parte de la represión»: Francisca Carrión fue detenida como rehén porque no pudieron encontrar a su marido; Carlota Ramírez, esposa del secretario del Ayuntamiento, fue detenida por difundir rumores sobre la evacuación del pueblo; Rosa Quijada Jiménez, esposa de Ramón Villeta Martínez, fue «sometida a un estrecho interrogatorio» hasta que «terminó confesando» dónde estaba el dinero del Comité…
Las mujeres recorrieron las cárceles en busca de sus familiares, hicieron colas para llevarles ropa limpia y comida, buscaron avales entre las personas de derechas para suavizar las condenas. Su labor fue fundamental. Como escribe la autora, «en ellas puede estar la clave de por qué en muchos sumarios sus seres queridos salen mejor parados».
La depuración y el exilio interior
Tomás Bernaldo de Quirós Carrión, secretario del Ayuntamiento desde 1919, fue suspendido de empleo y sueldo en enero de 1938 y separado definitivamente de su cargo en diciembre de 1939. Su plaza fue ocupada por Aurelio Pedraza Arias, de «los Pedraza de toda la vida», que cobraba 3.000 pesetas anuales, el mismo sueldo que el médico titular.
Los maestros también fueron depurados. Manuela Salvatierra Quirós y Pedro Aguilar Pierre fueron confirmados en sus cargos tras demostrar su adhesión al régimen. Mariano Usillos García fue sancionado con el traslado de provincia por ser «izquierdista», pertenecer al Partido Radical, no estar casado canónicamente y ser indiferente a la religión.
Los prisioneros olvidados
El libro reconstruye la odisea de los vecinos que recorrieron las cárceles del país: Eladio Quijada Sevilla, que cruzó la frontera francesa, regresó y fue condenado a veinte años; Luis Serrano Asenjo, que pasó por las prisiones de El Cisne, Liria, Santa María del Puig y Formentera; Santiago Ventosinos Conde, que sobrevivió a Mauthausen y Gusen y fue nombrado hijo predilecto de Robledo en 2015.
También documenta la existencia de dieciocho jóvenes en edad militar «prófugos» de sus reemplazos, de los que no hay rastro documental. ¿Murieron en combate? ¿Fueron asesinados y enterrados en alguna cuneta? ¿Emigraron? El libro no puede responder, pero sus nombres quedan registrados.
El negocio de la represión
El libro dedica un capítulo a las peleas entre los vencedores. Mateo Crespo Santajuana, jefe local de Falange de Robledo y Valdemaqueda, fue destituido por «su conducta depravada» y por hacer negocio vendiendo los muebles y enseres requisados a los “rojos”.
El caso de Carlos Pizarro Arias y Aurelio de Pedraza Arias, denunciados por el alcalde Eutiquio García de Vicente en 1945 por negarse a vender a una vecina y por insultar a las hijas del alcalde, demuestra que las tensiones entre las familias caciquiles también llegaban a los tribunales militares.
La memoria como deber
El libro se cierra con el testimonio de Crescencia Montero Jara, hija del alcalde socialista de Móstoles, asesinado en 1939. Crescencia tenía 10 años cuando la guerra terminó. Sus padres fueron asesinados, sus hermanos de 10, 7 y 1 año dispersados por diferentes colegios de huérfanos. Ella fue educada en el Auxilio Social, vestida de falangista, nombrada jefa de escuadra y obligada a cantar himnos en honor de los asesinos de sus padres. El día que Carmen M. Brugera la entrevistó, ya con 86 años, Crescencia no pudo contener un grito ahogado durante décadas: «¡Qué valor, qué valor matar a una madre y dejar solos a unos niños tan pequeños!»
El libro de Carmen M. Brugera no es solo una investigación histórica rigurosa. Es un acto de justicia. Recupera los nombres, las historias, los sufrimientos de quienes fueron silenciados. Demuestra que la represión franquista no fue una reacción incontrolada, sino un plan sistemático de exterminio político y de clase. Y nos recuerda que, como escribió Herbert Southworth, «la guerra civil española fue en esencia una guerra de clases». También en Robledo de Chavela.
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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