La pista de Concordia: un fallo revela el engranaje del terror entre Argentina y Uruguay
Por Cecilia Remis
Un fallo histórico en Argentina procesa a cuatro militares por delitos de lesa humanidad, revelando la coordinación del Plan Cóndor entre las dictaduras de Argentina y Uruguay. La causa expone los traslados clandestinos por el puente de Salto Grande, la red de centros de tortura y el drama del conscripto (soldado que está cumpliendo el servicio militar obligatorio) Jorge Papetti, cuyo asesinato fue simulado como una fuga, mientras un militar uruguayo eludió la justicia amparado en una declaración de «incapacidad».
En un fallo que ilumina una de las páginas más oscuras de la cooperación represiva en el Cono Sur, la Justicia argentina procesó a cuatro exintegrantes del Ejército por delitos de lesa humanidad cometidos en 1977 en el marco del Plan Cóndor. La resolución, emitida por el Juzgado Federal Nº1 de Concepción del Uruguay, no solo atribuye a los acusados la autoría de secuestros, torturas y abusos sexuales contra ciudadanos uruguayos, sino que también desentraña la maquinaria de terror que operaba a ambos lados del río Uruguay y la trágica suerte del conscripto Jorge Emilio Papetti.
La jueza dictó el procesamiento de cuatro militares retirados: los tenientes primeros Jorge Enrique Echeverría y Juan Ignacio Alemán, el capitán Horacio Alberto Goris y el sargento ayudante Miguel Ángel Galeano. A cada uno les trabó un embargo de 30 millones de pesos. Según el fallo, los cuatro integraban una «asociación ilícita» montada dentro del aparato represivo del Estado, cuyo objetivo era eliminar todo aquello que el régimen considerara una amenaza para la «Seguridad Nacional». La investigación, a cargo de la fiscal Josefina Minatta, también confirmó que existía una coordinación estrecha entre el Batallón de Infantería 7 de Salto (Uruguay) y el Regimiento de Caballería de Concordia (Argentina). Esa conexión se puso en marcha cuando los militares argentinos detuvieron a un grupo de militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) uruguayo.
El itinerario del horror y la Operación Cóndor
El 3 de julio de 1977, los uruguayos María Julia Suárez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto y Luis Urrutia fueron detenidos en Concordia. Lo que comenzó como un incidente menor derivó en una operación represiva de magnitud cuando la policía argentina identificó a Suárez Méndez como un militante buscado por Uruguay. Las víctimas fueron trasladadas a la Jefatura de Policía y luego a centros clandestinos, donde fueron sometidas a torturas que incluían «plantones», «submarino seco», picana eléctrica y abusos sexuales.
El fallo detalla que, en las horas posteriores a la detención, una delegación de militares uruguayos, encabezada por el fallecido mayor Waldemar Tarigo y el capitán Ramón Prudencio Barboza, llegó a Concordia para participar en los interrogatorios. Su objetivo no era otro que desmantelar la estructura del PCR en Argentina, obteniendo información sobre el paradero de otros militantes, como el referente Héctor Giordano Cortazzo, quien más tarde sería desaparecido. Esta colaboración fue una manifestación clara del Plan Cóndor, un sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que, como destacó la jueza Analía Ramponi, «tenía como objetivo atacar movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda».
Traslados clandestinos por el puente de Salto Grande
Una de las revelaciones más escalofriantes de la causa es el traslado ilegal de detenidos de Argentina a Uruguay. Robatto y Urrutia fueron sacados de la Unidad Penal Nº3 y subidos a una camioneta del Ejército uruguayo que cruzó el puente internacional de Salto Grande con destino al Batallón de Salto, donde continuaron siendo interrogados. Las actas militares uruguayas, sin embargo, falsificaron los hechos para hacer constar que fueron detenidos en el puerto de Salto, una mentira documental que la Justicia argentina desechó. Otros integrantes del grupo, como María Julia Suárez, Brenda Levitz y su hijo de tres años, fueron trasladados por vía fluvial, en una lancha, «como bolsas de basura», según el testimonio de Levitz.
El asesinato encubierto del conscripto Papetti
El procesamiento de los cuatro militares también abarca el caso de Jorge Emilio Papetti, un conscripto de 23 años, estudiante de geología, que fue secuestrado el 16 de marzo de 1977 dentro del Regimiento de Concordia. La investigación, nutrida por el testimonio de otros detenidos, reveló que Papetti fue sometido a torturas brutales que le causaron la muerte. Para encubrir el crimen, los militares simularon una fuga, una versión que la Justicia ya había desacreditado en causas anteriores al comprobar que Papetti ya estaba muerto cuando, según la ficción militar, habría escapado. El sargento Horacio Alberto Goris, jefe de Personal del regimiento, está particularmente vinculado a este homicidio y al posterior montaje del engaño.
La pista uruguaya y la justicia bloqueada
La investigación también apuntó a la responsabilidad del capitán uruguayo Ramón Prudencio Barboza, quien fue citado a declarar y cuya extradición fue solicitada por la fiscalía. Sin embargo, la Justicia uruguaya declaró a Barboza como «incapaz», un estatus que le impidió ser interrogado o extraditado. Esta situación, documentada en el fallo argentino, representa un obstáculo significativo para el avance de la causa y deja en evidencia la complejidad de juzgar crímenes transnacionales cuando existen barreras legales o protecciones para los perpetradores.
El procesamiento de los cuatro militares argentinos representa una victoria parcial para los familiares de las víctimas, que durante décadas esperaron justicia. Si bien la demora en la resolución fue criticada, el fallo reconstruye con precisión los mecanismos del terror y sienta un precedente sobre la responsabilidad de los Estados en la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluso cuando intentaron ocultarlos bajo el manto del olvido y la complicidad internacional.
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