Tortura con impunidad: diversos colectivos exigen un informe al Defensor del Pueblo
Por Agencia LQS
Colectivos en defensa de los Derechos Humanos denuncian la impunidad policial y penitenciaria frente a la tortura tras reunirse con el Defensor del Pueblo al que exigen un informe
Trece de organizaciones defensoras de los derechos humanos se reunieron el pasado 10 de abril con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para exigirle la elaboración de un informe extraordinario sobre la tortura en el Estado español que abarque desde los años 60 hasta la actualidad. La solicitud, presentada formalmente el 17 de marzo, fue rechazada por el Defensor, quien alegó falta de competencias políticas y de medios para acometer dicha tarea.
Las organizaciones llevaron al Defensor del Pueblo una preocupación respaldada por decenas de informes nacionales e internacionales: la tortura no es un fenómeno del pasado en España, sino una práctica que, aunque ha variado en sus métodos y víctimas, sigue produciéndose con una frecuencia «más que esporádica», según la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Más de 4.300 casos acreditados en el País Vasco y Navarra
Durante la reunión, los colectivos recordaron que el Instituto Vasco de Criminología, dirigido por el forense Francisco Etxeberria, ha documentado al menos 4.311 casos de tortura y malos tratos en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1960 y 2014, y 1.068 en Navarra. La cifra real, advierten, podría acercarse a los 20.000 casos, ya que muchas víctimas se niegan a revivir el trauma de una verificación forense.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya lamentó que no se haya investigado ninguno de los más de 5.000 testimonios documentados en esas dos comunidades. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en 13 ocasiones por violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
El Defensor del Pueblo rechaza elaborar un informe extraordinario
A pesar de la gravedad de los datos, el Defensor del Pueblo se negó a preparar el informe extraordinario que le solicitaban las organizaciones, basándose en tres argumentos:
– No puede realizar actuaciones que conlleven “incidencia política” porque es Alto Comisionado de las Cortes Generales.
– Necesitaría un encargo expreso del Congreso y medios adecuados.
– Existen otras instancias competentes, como la Ley de Memoria Democrática, la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad.
El Defensor concluyó la reunión afirmando que buscaría “caminos para ayudar” en el tema de la tortura y que llamaría a las organizaciones en fechas próximas.
Impunidad judicial y vigencia de la detención incomunicada
Las organizaciones denunciaron que, pese a existir condenas por tortura –una media de 50 funcionarios públicos al año según los informes del propio Defensor–, la mayoría de los casos no llegan a juicio por producirse en espacios cerrados, sin testigos, y por el temor de las víctimas a represalias. Además, recordaron que más de cien querellas por torturas contra antifranquistas han sido inadmitidas por los tribunales españoles, en contra del derecho internacional.
Asimismo, criticaron la vigencia del artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la detención incomunicada, una práctica que organismos internacionales vinculan directamente con la tortura.
Llamamiento a la sociedad civil y rechazo a los argumentos del Defensor
Pese al rechazo inicial, los colectivos firmantes valoraron positivamente la disposición al diálogo del Defensor del Pueblo, aunque reiteraron su demanda de que elabore y presente a las Cortes Generales un informe extraordinario sobre la tortura, tal como permite el artículo 32.2 de su Ley Orgánica.
“La democracia española no puede permitir que la tortura siga siendo una práctica ejecutada por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bien cumpliendo órdenes o con la aquiescencia de sus superiores”, señala el texto de la solicitud presentada el 17 de marzo.
Por último, las organizaciones hicieron un llamamiento a todas las agrupaciones y entidades sociales, especialmente a las que trabajan en defensa de los derechos humanos, para que se sumen a esta iniciativa en busca de reconocimiento, reparación y justicia para las víctimas de tortura en el Estado español.
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Nota de prensa y carta al Defensor del Pueblo
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