Un protocolo para indemnizar los casos de pederastia de la Iglesia Católica
Imagen de una protesta de víctimas de abusos en la Iglesia navarra ante el Arzobispado. Foto: Iñaki Porto
Por Iñaki Alrui*
El sistema mixto arrancará el 15 de abril, permitirá revisar los casos ya resueltos por el plan PRIVA y otorga la última palabra al Defensor del Pueblo en caso de desacuerdo
El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo han sellado el pasado lunes 30 de marzo, un protocolo que regula el sistema mixto de indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales practicado durante décadas por la Iglesia Católica, un acuerdo que llega tras meses de negociaciones y a solo dos meses de la visita del papa León XIV a España. El texto, firmado en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid, establece un procedimiento extrajudicial para aquellos casos que no puedan ser tramitados por la vía judicial por haber prescrito o por haber fallecido el agresor, y fija el próximo 15 de abril como la fecha para que los afectados puedan empezar a presentar sus solicitudes.
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El sistema, que las asociaciones de víctimas han recibido con un «firme respaldo» aunque con matices, otorga un papel central a la institución que dirige el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Será una unidad específica del Defensor del Pueblo la encargada de realizar una evaluación individualizada de cada caso —con la ayuda de expertos independientes— y de proponer la reparación correspondiente, que podrá ser económica, simbólica, restaurativa o espiritual. En caso de desacuerdo entre las partes, el Defensor tendrá «la última palabra», un extremo que el propio Gabilondo ha asumido con «toda naturalidad» aunque confiando en que no sea necesario llegar a ese extremo.
Sin baremos explícitos, pero con criterios
Una de las cuestiones más delicadas que ha rodeado la negociación era la posible inclusión de un baremo que fijara horquillas económicas para las indemnizaciones, siguiendo modelos como el de Irlanda y otros países europeos. Finalmente, el protocolo no establece cantidades concretas ni tablas cerradas, aunque sí enumera una serie de criterios que deberán guiar la valoración: la gravedad del abuso, la edad de la víctima en el momento de los hechos, el tiempo de duración de los abusos, la reiteración o las secuelas físicas y psicológicas derivadas.
El protocolo también contempla la situación de aquellas personas que ya habían acudido al Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA), el sistema puesto en marcha por la Iglesia en 2024. Según ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, las personas afectadas podrán dirigirse igualmente al Defensor del Pueblo para que revise su caso, y su propuesta podrá «mejorar, complementar o superar» la indemnización ya percibida.
Este extremo es especialmente relevante si se atiende a las críticas que las asociaciones de víctimas habían vertido sobre el funcionamiento del PRIVA. Según han denunciado en repetidas ocasiones, las cuantías otorgadas por la Iglesia han sido dispares y carentes de transparencia, con cantidades que oscilaban entre los 1.000 y los 91.000 euros para casos que en apariencia presentaban similitudes. Un ejemplo citado en diversas informaciones periodísticas es el de dos víctimas de tocamientos en centros distintos que recibieron 3.000 y 30.000 euros respectivamente.
Reacciones de las asociaciones de víctimas
Las principales asociaciones de víctimas —Justice Initiative España, ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), AVA (Asociación de Víctimas de Navarra) y Lulacris— han emitido un comunicado conjunto en el que expresan un «firme respaldo» al protocolo, al que consideran un «paso decisivo hacia la transparencia y la escucha activa». Valoran especialmente que el sistema mixto reconozca «el liderazgo de las víctimas», al permitirles elegir entre el nuevo mecanismo o mantenerse en el PRIVA, y celebran que en caso de disconformidad prevalezca la valoración del Defensor del Pueblo.
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Sin embargo, el respaldo no es incondicional. Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR, ha señalado que «la única pega» que le trasladan las víctimas es «que los baremos no sean transparentes», lo que les genera «cierta desconfianza». En la misma línea, Mikel Eziolaza, de AVIPIREN (Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra), ha advertido de que la ausencia de baremos «tiene bastante riesgo de que no sea objetivo y que pueda haber agravios comparativos». Ambos dirigentes han coincidido en calificar de «caótico» y «arbitrario» el funcionamiento del anterior plan PRIVA.
Cuantías y número de casos
La factura total que Iglesia Católica Sociedad Anónima podría llegar a afrontar en concepto de indemnizaciones ha sido objeto de distintas estimaciones. Según los cálculos publicados por el diario El País en enero, si se aplicara la media europea de compensaciones —situada en torno a los 35.000 euros por víctima—, el montante se situaría en unos 70 millones de euros, considerando las 2.002 víctimas reconocidas por la propia Iglesia (Un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país, y que un 0,6%, unas 240.000 personas, han sido agredidas por parte de un sacerdote…). Si se tomara como referencia el modelo irlandés —con un promedio de 62.245 euros—, la cifra ascendería a 124 millones. Estas cantidades podrían incrementarse si se atiende a la base de datos del citado periódico, que eleva el número de afectados a 2.948.
Ambas cifras, en cualquier caso, son irrisorias si recordamos que la comisión independiente que estudió la pederastia en Francia corroboró unos 216.000 casos de abusos a manos de sacerdotes, diáconos o religiosos, y hasta 330.000 víctimas si se cuentan también los casos cometidos por catequistas, tutores espirituales y otro personal asociado a colegios religiosos. Cuando la Conferencia Episcopal francesa ordenó a su personal que colaborase con la investigación, esas son las cifras que salieron, y no la ridícula cantidad de 2000 casos que reconoce la Iglesia Católica española.
El procedimiento establece que el Ministerio de Justicia creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes y ofrecerá orientación a las personas interesadas. Posteriormente, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo dispondrá de un plazo de tres meses para elaborar su valoración, que será trasladada a la Comisión Asesora del PRIVA, la cual tendrá dos meses para emitir su criterio. Si hay conformidad, la propuesta será definitiva; en caso contrario, se activará un mecanismo de mediación en el que participará una Comisión Mixta con representantes del Gobierno, la Iglesia, el Defensor y las propias víctimas. Solo si persiste la discrepancia, Gabilondo tendrá la última palabra.
El plazo para presentar solicitudes será inicialmente de un año, prorrogable por otro más, y comenzará a contar a partir de la firma del convenio. A primera vista, el plazo parece bastante exiguo, habrá que ver cómo funciona.
Contexto político y visita papal
La firma del protocolo se produce en un momento políticamente significativo, a escasos dos meses de la visita del papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio.
Las asociaciones de víctimas han recordado, que este «escenario de entendimiento podría haberse alcanzado mucho antes». En su comunicado, Justice Initiative, ANIR, AVA y Lulacris han denunciado que durante los años de retraso se ha producido una «revictimización» de las personas afectadas y se han «perdido recursos», mientras la Conferencia Episcopal invertía «ingentes cantidades de dinero, tiempo y recursos» en el plan PRIVA con el único fin, a su juicio, de «salvaguardar su propia imagen».
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La lista con los 87 acusados por pederastia en la Iglesia española
Un modelo pendiente de desarrollo
El protocolo firmado el lunes establece las grandes líneas del sistema mixto, pero aún queda pendiente la concreción de algunos aspectos clave, como el funcionamiento detallado de la Comisión Mixta o los criterios específicos que aplicarán los expertos del Defensor del Pueblo en su evaluación. Tampoco se ha hecho público el formulario de solicitud de reparación ni se han detallado los recursos materiales y humanos que se destinarán a las unidades de tramitación.
A pesar de estos flecos, todas las partes implicadas han mostrado su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo. El sistema comenzará a funcionar efectivamente el próximo 15 de abril, cuando se abra el plazo para la presentación de solicitudes, y será entonces cuando se podrá evaluar tanto la acogida que tiene entre las personas afectadas como la agilidad y equidad de sus resoluciones. Como ha señalado Ángel Gabilondo, «no es un mero trámite burocrático ni es una ventanilla bancaria ni un proceso cosificador», sino un mecanismo que debe combinar «flexibilidad, personalización, profesionalidad y humanidad».
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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