La educación pública, laica y crítica frente a los enemigos de la democracia
Por Enrique Javier Díez Gutiérrez*
No hay neutralidad posible. O educamos o deseducamos. Si no educamos en valores y principios de derechos humanos, democracia y bien común, estamos deseducando en contravalores y principios del capitalismo neoliberal. Educación o barbarie.
La democracia en riesgo y sus enemigos
Nos tenemos que preguntar qué hemos hecho en la escuela pública, en los últimos veinte años, para que tantos jóvenes se declaren hoy votantes del neofascismo y no les importe que haya un régimen autoritario como forma de gobierno en el Estado, si «trae prosperidad». Quizás en la formación inicial y permanente, el profesorado, en vez de recibir formación en pedagogía antifascista, estábamos siendo formados en competencias digitales, mindfulness, gamificación, flipped classroom y la última innovación de marketing que llegara en inglés, mientras el proyecto democrático, los derechos colectivos y la apuesta por una sociedad más justa e inclusiva estaban quebrando y la educación pública se mantenía ajena a ello.
Y digo que nos tenemos que hacer esta pregunta en la escuela pública porque es la única plural y con capacidad de plantear una educación crítica, libre y laica. Una educación que cuestione críticamente el modelo social que hemos acabado normalizando. Un modelo, el capitalismo, que ha sido impuesto a sangre y fuego a través de todos los medios de socialización. El poder económico ha utilizado todos los medios que tiene a su alcance para imponer su relato, una narrativa que justifica sus privilegios y consagra normativamente su estatus. No solo han comprado los medios de comunicación mayoritarios, sino que tienen en sus manos las redes sociales, influyen en las políticas públicas o directamente son quienes las hacen, financian investigaciones, congresos, publicaciones, universidades y escuelas… De esta manera, nos han adiestrado para asumir que este es el único sistema posible: que unos pocos acaparen los recursos de toda la humanidad, como denuncia la ONG Oxfam con su demoledor informe de 2024, en el que expone cómo el 1 % más rico posee más riqueza que el 95 % de la población mundial, y que esta oligarquía global de ultrarricos y las megaempresas que ellos controlan están fijando las reglas del juego a su favor, a costa del resto de la población.
En las escuelas privadas concertadas (subvencionadas públicamente) no se pueden hacer esta pregunta. Porque, aunque algún profesor o profesora pueda tener una visión crítica, las escuelas concertadas tienen ideología política propia, en la cual forman a su alumnado. Así lo estableció el PSOE en el año 1985, con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), y así lo han seguido manteniendo hasta ahora, a lo largo de varios gobiernos. En 1985 lo denominó eufemísticamente «ideario de centro». Posiblemente, fue una concesión al fascismo aún reinante de la dictadura (que, por cierto, nunca ha dejado de estar ahí, latente dentro del PP, mediante ese «fascismo eterno» al que alude Umberto Eco y que ahora ha resurgido de manera clamorosa). Pero este «ideario» se sigue manteniendo actualmente. En función de este ideario, de esta ideología política, los dueños de cada centro establecen el proyecto de centro; contratan al profesorado afín a esta ideología política; seleccionan los libros de texto que se utilizarán; seleccionan a su alumnado y a las familias; incluso, a veces, «obligan» a ir a misa o a actos religiosos, etc. No podemos olvidar que el 63 % de estos centros concertados está en manos de la jerarquía católica, una de las más integristas de toda Europa. Y la mayor parte del resto de centros concertados está actualmente en manos de corporaciones y fondos de inversión.
Esta formación ideológica (neocatólica y neoempresarial) de la inmensa mayoría de los centros concertados en España —siempre hay alguna excepción— es el sustrato de buena parte de la «educación neofascista» que está alimentando la nueva vertebración de las «dos Españas»: la democrática e inclusiva, formada desde la escuela pública plural; y la segregadora, de ideología neoconservadora y de extrema derecha y derecha extrema, alimentada desde la escuela concertada, esa anomalía europea que continuamos financiando con dinero público de nuestros impuestos en contra de la propia democracia.
Porque el profesorado de la pública es plural, teniendo en cuenta que accede a través de una prueba en la que cuenta la capacidad, la igualdad y el mérito, mientras que el profesorado de la concertada es seleccionado por el dueño del centro en función de su afinidad ideológica. Porque el alumnado que puebla las aulas de la pública es diverso y plural, dado que la pública es una educación inclusiva que no segrega a nadie, mientras que la concertada es el factor más importante de segregación educativa y social del Estado español (el 82 % de la población migrante, de minorías y con necesidades educativas especiales está en la pública).
Porque también han conseguido instalar en las familias la demanda de «elegir centro», es decir, de seleccionar el supuestamente mejor centro educativo «para los tuyos» (a fin de alimentar la pedagogía del egoísmo), en vez de asegurar el mejor centro para todos los niños y niñas, ya que todos y todas, al margen de que sean tuyos, tienen derecho a la mejor educación posible. En una sociedad capitalista, que estimula la competitividad y el egoísmo personal como esencia del desarrollo personal y social, esta selección de centro se ha convertido, de hecho, en demanda, por parte de la clase media aspiracional —poca población se considera ya «clase trabajadora»—, de los centros donde no haya alumnado ni familias diversas o con las cuales no se quieren mezclar. Es decir, de una manera clara y sin ambigüedades, lo que pretenden muchas familias de esta clase aspiracional es «elegir en libertad» las escuelas donde no haya «moros», ni «negros», ni «gitanos», como explica irónicamente Gimeno (2000), y donde haya la clase social a la que aspiran llegar a ser o a la que quieren pertenecer o ser considerados como tales.
Mientras no seamos capaces de elegir un gobierno que cumpla sus promesas y prevalezca el enfoque pedagógico sobre el puramente electoral, para suprimir esta anomalía y eliminar progresivamente los centros concertados, recae sobre la escuela pública la tarea de impulsar una educación inclusiva, laica, feminista, intercultural, antirracista, ecológica y radicalmente antifascista, es decir, una educación realmente democrática.
Porque necesitamos una educación pública que contrarreste la permanente, incesante, rizomática y abrumadora socialización en contravalores que recibe diariamente nuestro alumnado, nuestros jóvenes, a través de TikTok, Instagram, YouTube o Twitch, pero también a través de los medios de comunicación o en la calle, que replica lo que estos medios difunden. Una educación que cuestione los principios y los contravalores del neofascismo y del capitalismo neoliberal.
Franco, ¡ese bro!
Medio siglo después de la muerte del dictador Franco, el neofascismo engancha con el ideario de muchos jóvenes. No solo a causa de la insuficiente, y a veces casi nula, atención a la memoria histórica democrática en las aulas durante la educación obligatoria, que para muchos es el único período de su vida en el que tienen contacto con el conocimiento académico, sino también a una relectura llena de falsedades, mentiras y fake news en las redes sociales, penetradas por la extrema derecha con su «batalla cultural», y a un blanqueamiento de la dictadura y de sus herederos actuales por los medios de comunicación y una parte de los partidos políticos, que han comprado su marco ideológico y su apoyo para gobernar.
En mis clases antes veía cabellos azules, tricolores, crestas punkis o ropa heavy. Ahora las pulseras con la bandera española inundan las muñecas de buena parte de mi alumnado, que se están formando para ser futuros docentes. Cuando imparto la asignatura Inmigrantes, Minorías y Educación Intercultural, algunos comentarios son especialmente brutales: «solo han venido a robar», «viven de las paguitas» o «los menas hay que devolverlos», refiriéndose a niños y niñas, pero utilizando este acrónimo (mena: menor extranjero no acompañado) que los despersonaliza y los deshumaniza. Es más, en algún caso, van aún más allá y argumentan: «Franco, ese bro, que era un crack, que nos salvó del comunismo.» Frases que repiten como mantras, alegando que fue un líder austero (a pesar de la fortuna que robó); que inventó la seguridad social, las viviendas de protección oficial o las vacaciones pagadas (lo cual fue muy anterior); que con él no había paro (cosa que es falsa, además de haber asesinado a miles de republicanos y obligado al exilio a muchos miles más); que creó la red de pantanos (que viene de principios del 1900), y tantas otras farsas que repiten de manera desafiante. Porque ahora, según ellos, ser neofascista es ser antisistema. Contra todo y contra todos. La juventud «rebelde» hoy se viste con banderas españolas.
Según la encuesta 40dB para el diario El País y la cadena de radio SER de 2024, el 25,9 % de los hombres entre 18 y 26 años, la llamada generación Z, consideran que el autoritarismo puede ser preferible a la democracia «en algunas circunstancias». Entre las chicas, la cifra se reduce 8 puntos. Lo más sorprendente es que la mayoría de estos chicos y chicas que toleran un régimen autoritario desconocen a menudo los hechos que se produjeron en España desde la Guerra Civil hasta la Transición. Así lo evidencia un estudio elaborado en 2022 por el instituto de investigación social y de mercados CIMOP. Por eso pueden decir con total desvergüenza que «con Franco se vivía mejor»: «porque no había paro y todo el mundo trabajaba»; «podías comprar casa y coche»; «no había robos, había más seguridad y los delincuentes [refiriéndose a inmigrantes] no entraban por una puerta de comisaría y salían por otra».
Mientras tanto, la extrema derecha acusa al profesorado de la escuela pública de adoctrinamiento. Porque para el neofascismo defender los derechos humanos o explicar de manera veraz la represión franquista o combatir la homofobia es adoctrinar. Se adoctrina si se explican valores que la ultraderecha no admite. Y, dentro de su batalla cultural organizada y sistemática contra lo que ellos denominan «el marxismo cultural» y «la ideología de género», que, según la extrema derecha, inundan la escuela pública, han emprendido una campaña de guerra por otros medios, el lawfare educativo. Este lawfare implica denunciar al profesorado o a los centros. Y varios miembros de la profesión docente ya se han sentado en el banquillo judicial por este motivo, lo cual está produciendo una autocensura en los claustros de profesorado para no tener más problemas. Se está constatando que la mayoría evita entrar en discusiones con alumnado o con familias. Además, a menudo no sienten el apoyo de la Administración en caso de que surja algún problema en este sentido.
Una jefa de estudios me explicó recientemente que una madre había entrado por los pasillos del instituto gritando que si no quitaban inmediatamente los carteles puestos en las paredes por el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, los denunciaría, porque eso, según ella, era «ideología de género». Tres alumnos de 12 años, en medio de una sesión en clase sobre educación para la igualdad, clamaban que eran votantes de VOX y que eso que se estaba abordando era ideología de género, aunque luego no sabían en qué consistía eso de la ideología de género y ni siquiera tenían edad para votar. Pero, como se solía decir en periodismo, que la realidad no te estropee un buen titular o, en este caso, un buen grito. No importa qué argumentos o razones les des, qué información o datos les aportes. Su fe es indestructible. Son creyentes firmes y convencidos. Porque esta fe, esta creencia no tiene que ver con argumentos, datos o razones, sino con emociones, con cómo accedieron a estas mentiras, a estas fake news, a estas tergiversaciones.
Influencers, youtubers y tiktokers, que proliferan en las redes sociales, exponen sin complejos sus consejos e ideas políticas: «Franco hizo mucho por España», «los progres manipulan». Tienen cientos de miles de seguidores. Sus mensajes son breves, directos, agresivos y en buena parte situados en ideologías de extrema derecha. A través de sus móviles, toda una nueva generación accede a esta manosfera (contracción de man y esfera), este universo en línea neofascista de «fachatubers», como ellos mismos se nombran. Por eso no es extraño que una remezcla del himno falangista «Cara al sol» se colocara en la primera posición de las canciones más virales de Spotify escuchadas en España. Son expertos en la utilización de las redes sociales como medio de difusión de sus mensajes, utilizando un lenguaje y un estilo populistas, con un discurso sustentado en el odio de clase, de etnia y de sexo, mediante mantras y eslóganes simples, directos y fáciles de entender y con los cuales conectar por su alto contenido emocional.
Las redes sociales, que nacieron como el máximo exponente de la libertad de expresión, se han convertido de esta manera en una jungla en la que el extremismo del neofascismo campa a sus anchas, alentado, además, por sus propietarios, grandes empresarios multimillonarios que han eliminado cualquier tipo de moderación, y el discurso de odio, las narrativas extremistas, las teorías de la conspiración y los perfiles falsos se propagan libremente sin ningún tipo de control (Forti, 2024). Su éxito, más allá de las redes sociales, se debe a que mantienen una estrategia de comunicación férrea, que se centra en lo que ellos denominan «la batalla cultural», que les proporciona notoriedad e incrementa su audiencia. A través de ellas, por supuesto, extienden esta batalla cultural por la hegemonía ideológica, marcando la agenda mediática y política, y adoptando en este sentido tácticas de provocación constante a través de la propaganda de rumores falsos y fake news, que se convierten en virales en las redes sociales, acompañadas todas ellas de eslóganes, simbologías y consignas llamativas y contagiosas.
A todo esto se añade otra característica, ligada a la difusión de sus mensajes: es la neolengua que utiliza, al estilo orwelliano. Así pues, están consiguiendo resignificar muchos de los términos y conceptos tradicionales vinculados a la izquierda y al progresismo en el debate público. Por ejemplo, el concepto de libertad, que ha pasado en el imaginario colectivo de ser un concepto construido por las sociedades que quieren conseguir una convivencia plena y constructiva para el beneficio de todas las personas que las componen, como se prevé en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ser «la libertad de comprar donde quieras y cuando quieras», «la defensa de la tauromaquia es hoy, más que nunca, la defensa de la libertad» o «libertad o comunismo», frases popularizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un icono de la extrema derecha. En 2021, su programa electoral solo contenía esta palabra: «libertad». Una libertad que gira en torno a ella y su conveniencia. Y quien no lo entienda es un enemigo de esta libertad. Se trata de crear un mundo a su medida, ajustado a sus intereses. Frente a la libertad en positivo, o sea, la capacidad de construir un proyecto que satisfaga las necesidades del ser humano, defiende la libertad en negativo, es decir, impedir cualquier obstáculo a la libre elección de un individuo por parte de cualquier agente gubernamental, como proclama Milei, otro icono de la extrema derecha con su eslogan y frase de campaña «¡Viva la libertad, carajo!». Y han vendido el relato de tal manera que sus oponentes han acabado comprando en gran parte el marco de su discurso y debaten con estos «personajes» en torno a su marco mental e ideológico y a costa de su agenda política.
Horizontes para una educación emancipadora
Hace unos días una alumna me dijo en clase: «Profe, usted está politizando la asignatura.» Yo me la quedé mirando seriamente, la señalé con el dedo índice (el de la autoridad) y, después de una pausa dramática de silencio tenso, le contesté: «Tienes un 10 en esta asignatura, porque por fin te has dado cuenta de lo que estamos haciendo en esta asignatura, porque la educación es política.»
Es sorprendente que cuando, en clase o en una conferencia, te apartas tan solo un mínimo del programa neoliberal, cuando pones en duda una pequeña cuestión respecto al capitalismo, cuando propones pensar críticamente la realidad que viven, consideran (no solo esta alumna) que estás haciendo política. Porque para buena parte de la población educar en el capitalismo, educar en la competitividad neoliberal, educar sin cuestionar el genocidio palestino o sin poner en duda la forma de vida occidental que nos aboca al colapso climático, esa es la manera de ser neutral, de ser objetivo, de educar.
Consideran normal una educación que aborde problemas de matemáticas que no tienen nada que ver con la realidad del sufrimiento cotidiano de la gente (como calcular cuándo se cruzan dos trenes que van por la misma vía a determinada velocidad si cada uno sale de una estación diferente), mientras que es politizar la asignatura cuando se abordan críticamente en matemáticas la desigualdad, la injusticia y el patriarcado, que son la esencia y el núcleo fundamental del sistema capitalista (proponiendo calcular, por ejemplo, la diferencia salarial media entre hombres y mujeres en España en un puesto de trabajo similar a causa de la brecha de género propia de este modelo patriarcal del capitalismo).
Esto hace más claro el horizonte de una educación emancipadora, que no se limite a reproducir simplemente el sistema y sea capaz de cuestionar los fundamentos de la desigualdad social que se perpetúa, la barbarie de los genocidios y las guerras que se mantienen y se alimentan, o el saqueo de los recursos del planeta y del futuro de las generaciones siguientes. Porque, si la educación no forma para la vida, ¿qué sentido tiene?
¿Qué relación tiene la habitación de un o una adolescente con el aula de una clase? Parece que la vida de los jóvenes no tenga nada que ver con la escuela, como si fueran dos mundos separados, dos mundos aparte. No podemos seguir convirtiendo el deseo de saber en afán de aprobar. Y después «quemar los apuntes», una vez que se acaba el período de escolarización, como hacen muchos jóvenes, para ritualizar la desconexión entre lo que viven y lo que estudian en las aulas.
Hemos de revertir la actual mutación en la concepción del derecho a la educación: porque, si antes fue una causa social, ahora se concibe como un imperativo económico, un bien privado, una inversión, una ventaja competitiva para insertarse en el mercado. Por eso, desde un horizonte de educación emancipadora, se trata de dejar de pensar la enseñanza en términos de salidas profesionales (bilingüismo para el mercado laboral, emprendimiento para buscarte el futuro, elección de centro para tener contactos y relaciones, etc.). La inserción laboral no puede prevalecer sobre la aspiración al desarrollo como persona, a la sabiduría y al conocimiento crítico, a la integración social y política de los futuros ciudadanos y ciudadanas.
Actualmente, estamos ante una disyuntiva grave. Hoy dos proyectos ideológicos, sociales y políticos avanzan en todo el mundo. Estos dos proyectos encarnan dos maneras radicalmente diferentes de entender el ser humano, las relaciones económicosociales y la educación. El primero asienta sus raíces en un modelo económico y social capitalista, fundamentado en la ideología neoliberal, cuyos síntomas se manifiestan en su forma más virulenta con el neofascismo. El segundo se arraiga en un modelo económico y social basado en el bien común, el altruismo y la solidaridad, los derechos humanos y la ecología éticocrítica, que se fundamenta inevitablemente en un enfoque anticapitalista, antifascista, antineoliberal, decrecentista y feminista.
Por eso, ahora más que nunca, hay que articular un amplio espacio de confluencia en la defensa de una pedagogía antifascista inclusiva y democrática al servicio del bien común. Y en este afán debemos construir colectivamente un discurso y una práctica sólidamente fundamentados, que se contrapongan y cuestionen este modelo capitalista, neofascista y neoliberal, así como su lenguaje neorwelliano, que con su retórica ambigua (libre elección, competencia, emprendimiento, talentos…) oculta su intención de convertir el derecho universal a la educación en una oportunidad de negocio, al tiempo que perpetúa un enfoque segregador y excluyente, que refuerza los aspectos más autoritarios, tradicionales, competitivos y egoístas.
Debemos apostar por un modelo educativo, social y humano con un objetivo profundamente democrático, inclusivo y sensible con los aspectos sociales y la equidad, que considera que la finalidad de la educación es conseguir fundamentalmente el gusto por saber, el desarrollo en valores y la formación de ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que vive. Tal como decía Freire (1969):
La educación puede, o bien funcionar como un instrumento que se utiliza para facilitar la integración y la constitución de las nuevas generaciones en la lógica del sistema actual, o bien convertirse en «un ejercicio de libertad», el medio a través del cual hombres y mujeres se relacionan crítica y creativamente con la realidad y descubren cómo participar en la transformación del mundo. (p. 5)
Este modelo busca la mejora de todas las escuelas públicas, en vez de incitar a las familias a elegir y competir, ya que, además de ser menos costoso, preserva las finalidades sociales de la educación. Entiende la educación pública como un bien común, en que las familias participen no como clientes exigentes que han hecho una inversión de futuro, sino como copartícipes activos en la construcción social de una escuela beneficiosa para sus hijos e hijas, pero también para los hijos e hijas de los demás, sin discriminación de clase social, origen, sexo o cualquier otra razón. Un enfoque que considera obligación de la comunidad garantizar el derecho a la mejor educación pública, de titularidad y gestión pública, que tienen todas las personas por el hecho de ser personas, al margen de cualquier otra condición.
Este modelo apuesta por una educación laica, que respete la libertad de conciencia del menor. Una educación inclusiva que mira desde la perspectiva de un nosotros común, atendiendo a la diversidad con recursos y medios suficientes. Una educación que respeta criterios pedagógicos y equitativos que beneficien a los menores y que ofrece igualdad de oportunidades no solo de acceso, sino también durante el proceso educativo, y justicia de oportunidades al finalizarlo. En este sentido, hay que apostar por un proyecto de educación pública con recursos suficientes, cuyo financiamiento sea garantizado constitucionalmente, en vez de destinar los impuestos a rescatar bancos o a financiar armamento.
Este modelo educativo es el que defiende la comunidad educativa que reivindica una educación para el bien común, que se ha agrupado en España en el colectivo denominado Redes por una Nueva Política Educativa, cuyos acuerdos ha reflejado en el «Documento de bases para una nueva Ley de educación».
Educar para el bien común
Este modelo exige desarrollar en todos los contenidos escolares y, por supuesto, en todos los niveles educativos la formación en derechos humanos. Tanto los derechos de primera generación, que incluyen los derechos civiles y políticos y que consagran las llamadas «libertades fundamentales» (como el derecho a la vida digna, la libertad de movimiento, de expresión o de reunión), como los de las generaciones siguientes. Especialmente, los derechos de segunda generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación, la sanidad, los servicios sociales y públicos y la cultura, de tal manera que aseguren el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos a vivir con dignidad una buena vida.
Pero también hay que incluir el conocimiento, la comprensión y la defensa activa en los centros educativos de los derechos de tercera generación. Los derechos de los pueblos y de la solidaridad para garantizar la convivencia de la humanidad considerada globalmente, como el derecho a la paz, a la justicia internacional, al entorno medioambiental, al patrimonio común de la humanidad y el derecho a un desarrollo económico y social sostenible y progresivamente decreciente, a fin de superar el capitalismo depredador. También los derechos de cuarta generación, de los cuales depende la concreción de una sociedad plural y democrática, como el derecho a la democracia, el derecho a la información veraz, el derecho a la soberanía digital y la seguridad digital y el derecho al pluralismo. E igualmente los derechos humanos de quinta generación, que implican la superación del paradigma antropocéntrico, avanzando hacia el biocentrismo o el ecocentrismo, superando el marco del ser humano como centro de todas las especies y del planeta, para aprender a convivir de manera respetuosa con otros seres vivos.
Estos deben ser parte del currículum de todo centro educativo, así como comprender y analizar las estrategias que se deben utilizar para hacerlos universales (desde la renta básica universal al empleo garantizado, desde los impuestos progresivos y los servicios públicos hasta el conocimiento libre y la soberanía digital democrática), ya que los derechos humanos plasman lo que se puede considerar la imagen de una vida humana digna y deben tener categoría de ley fundamental y marco de referencia fundamental de la organización y el funcionamiento de toda la sociedad.
La reconstrucción de otro tipo de sociedad requiere una batalla ideológica global que deconstruya la genealogía de los valores neofascistas y neoliberales dominantes y aborde la imprescindible tarea de entusiasmar y comprometer con valores y concepciones solidarias a las nuevas generaciones en nombre del bien común. Es aquí, en el campo de batalla de la educación, donde se libra la lucha estratégica y esencial, y es aquí donde también se deben concentrar las fuerzas.
Se trata del modelo de educación que queremos, la política educativa que se debe desarrollar, los contenidos esenciales que queremos transmitir a las futuras generaciones. Se trata de analizar al servicio de quién se diseñan, a quién favorece y qué clase de sociedad ayudan a construir. Porque, en definitiva, cualquier práctica educativa cotidiana tiene que ver esencialmente con las cosmovisiones y las estructuras económicas y políticas actuales.
Necesitamos una pedagogía antifascista comprometida política y socialmente (Díez-Gutiérrez, 2025). La pedagogía antifascista entiende que todo proceso educativo es una forma de intervención política en el mundo y puede ser capaz de crear las posibilidades para la transformación social. Antes de ver la enseñanza como una práctica técnica, la educación debe ser considerada una práctica moral y política bajo la premisa de que el aprendizaje no se centra únicamente en el procesamiento del conocimiento recibido, sino en la transformación de este como parte de una lucha más amplia por los derechos sociales, el desarrollo en libertad, la solidaridad y la configuración de un mundo más justo y mejor. No podemos permitir que la educación de las jóvenes generaciones esté al margen del modelo económico y político imperante. Esto sería una manera de inculcarles la creencia de que no es posible otro mundo, que no es posible una verdadera democracia social, responsable y participativa.
Por eso el desafío fundamental para el profesorado y las comunidades educativas, dentro de la actual época de neofascismo, es facilitar a los estudiantes las condiciones y dotarles de las habilidades y el conocimiento imprescindible para reconocer las formas antidemocráticas de poder, la forma represiva en que los intereses ideológicos invaden no solo las escuelas, sino también la cultura popular; inquirir sobre las razones profundas de las injusticias y luchar contra las sistemáticas desigualdades económicas, de clase, de etnia y de género; conectar el trabajo escolar con los asuntos de la vida social y política real de nuestra sociedad.
La educación es inseparable de la vida, del modelo social y político que queremos construir y defender. Es necesario que pasemos de una pedagogía crítica a una praxis crítica. Necesitamos involucrarnos hasta mancharnos las manos, tomar partido, sentirnos implicados, comprometernos con el sufrimiento de los que nos rodean y poner en práctica una pedagogía más abierta y comprometida, que conecte las aulas con los desafíos enfrentados por los movimientos sociales en las calles con el objetivo de repensar el injusto orden social actual y contribuir a reconstruir otro mundo posible.
Podemos ver ejemplos significativos en este sentido en la experiencia de los movimientos de renovación pedagógica, formados por profesionales de la educación, de la pedagogía, docentes y otras personas interesadas por la educación que se constituyeron desde la dictadura en un espacio estable de intercambio, de cooperación, de información, de reflexión, de actualización, de formación, de intervención en el debate público…, para la mejora de la educación. También en las experiencias de las denominadas Mareas Verdes, identificadas por el color de la camiseta verde que llevan los participantes en las luchas y las manifestaciones por una educación pública, laica e inclusiva, que se han agrupado en Mareas por la Educación Pública como espacio de coordinación de los diferentes movimientos, mareas, asambleas y colectivos en defensa de un nuevo modelo de educación pública, con la participación de toda la comunidad y desde la base.
Ciertamente, la pedagogía antifascista es una pedagogía de resistencia frente a la doctrina neoliberal y neofascista, pero también de proyección de alternativas y experiencias educativas que hagan posible pensar la educación desde parámetros diferentes. Una educación comprometida con la equidad, la comprensividad y la justicia de oportunidades, que concibe la educación como un derecho que el Estado debe garantizar a todas y todos, que lucha por hacer realidad escuelas democráticas e inclusivas que eduquen para una ciudadanía mundial intercultural comprometida con una visión feminista alternativa a la cultura patriarcal.
Se trata no solo de aprobar en antifascismo, sino de sacar la máxima nota en el rechazo y la eliminación del fascismo, la homofobia, el machismo y el racismo, que están unidos por el mismo hilo de odio y discriminación, y sacar matrícula en derechos humanos y sociales en todo el sistema educativo, desde infantil hasta la universidad. Para hacerlo, necesitamos toda la tribu, efectivamente. Porque, como dijo Martin Luther King, «tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa como del desconcertante silencio de la gente buena» que mira hacia otro lado ante el auge del neofascismo.
En definitiva, la pedagogía antifascista nos anima a repensar el orden social actual en términos de alternativas socialistas democráticas en la escuela y en la sociedad capitalista, ya que la educación que queremos debe ser coherente con el modelo de sociedad que pretendemos construir, es decir, que esta sea más justa, equitativa, solidaria, ecológica, feminista, inclusiva y feliz, uniendo esfuerzos y compartiendo propuestas e iniciativas que sean una alternativa radical a las políticas del neofascismo, que suponen el ataque más grave a la educación pública desde la Transición, remontándonos al modelo de escuela y sociedad franquista y anticuada. Es crucial continuar dando pasos decididos hacia un modelo educativo que contribuya a la construcción de una ciudadanía sabia, crítica y consciente, que ayude a hacer un mundo más justo y mejor, sin dejar a nadie atrás, así como a la educación de personas más iguales, más libres, más críticas, más ecofeministas y más creativas.
«Estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción nos debe poseer hasta el compromiso…» (Sábato, 2000). Para ser demócratas hay que ser antifascistas. Para educar en valores democráticos y en derechos humanos debemos promover una educación radicalmente alternativa al neofascismo, una pedagogía claramente antifascista.
⇒ Enrique-Javier Díez-Gutiérrez (León, 1962) es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de León y director de la investigación europea Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia. Galardonado con el Premio CODAPA 2023 por su defensa de la educación pública y la promoción de una pedagogía del bien común, ha publicado obras como Guerra cognitiva y cultural (2025), Emprendimiento o emprendedurismo educativo. Educar en las reglas del capitalismo: la nueva guerra cognitiva (2025), Pedagogía del decrecimiento (2024), La memoria histórica democrática de las mujeres (2023) o Pedagogía antifascista (2022), entre muchas otras, consolidándose como referente en educación crítica y comprometida.
Bibliografía:
• Díez-Gutiérrez, E. J. (2025). Pedagogía Antifascista. Octaedro.
• Forti, S. (6 de juny de 2024). El plan de la extrema derecha para ocupar Bruselas. CTXT. https://acortar.link/BaSJbJ
• Freire, P. (1969). La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI.
• Gimeno, J. (2000). La educación obligatoria: su sentido educativo y social. Morata.
• Sábato, E. (2000). La resistencia. Seix Barral.
* Este artículo forma parte del Informe Ferrer i Guàrdia 2025.
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