El Congreso lo ordenó en 2017, el Gobierno lo sigue bloqueando: la lista de inmatriculaciones, secuestrada
Por Cecilia Remis
• Inmatriculación: Acto de inscribir una finca o propiedad por primera vez en el Registro de la Propiedad. Quien la inscribe por primera vez, se convierte legalmente en su propietario.
• Certificado diocesano: Documento emitido por el obispo de una diócesis que, al amparo de una disposición de la Ley Hipotecaria (ya derogada), certificaba que la Iglesia poseía un inmueble de forma pública, pacífica e ininterrumpida. Este certificado era suficiente, por sí solo, para inmatricular el bien a nombre de la Iglesia, sin necesidad de escritura pública notarial.
La plataforma Recuperando denuncia que la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria en febrero de 2026 demuestra que la información detallada sobre las miles de propiedades inscritas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 sigue secuestrada, pese a un mandato claro del Congreso de 2017…
Lo que empezó como un encargo parlamentario en 2017 se ha convertido en una odisea burocrática de casi una década. La Coordinadora Recuperando, plataforma ciudadana que impulsa la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia, acusa en una nota de prensa al Gobierno: mantener una «opacidad inaceptable» sobre el listado completo de propiedades que la Iglesia Católica inscribió a su nombre gracias a los llamados «certificados diocesanos» entre 1998 y 2015.
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL 161/001437) impulsada por el Grupo Socialista, entonces en la oposición. La resolución instaba al Gobierno a elaborar un estudio detallado sobre las inmatriculaciones realizadas al amparo de una disposición de la Ley Hipotecaria que permitía al obispo certificar la posesión de un inmueble como título de propiedad suficiente.
El Colegio de Registradores remitió la información solicitada al Ejecutivo en diciembre de ese mismo año, 2017. Sin embargo, la documentación que finalmente llegó al Congreso en 2021 fue, en palabras de Recuperando, «un listado parcial que no permite identificar los bienes en miles de casos».
La gota que ha colmado el vaso, según la plataforma, es la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Plurinacional Sumar fechada el 10 de febrero de 2026. En ella, el Ejecutivo alega que aún «se está sistematizando la información recabada» y remite a los diputados a los registradores de la propiedad para acceder a la «publicidad concreta» de las fincas, siempre que acrediten un «interés legítimo».
«Una coartada» y «un problema democrático»
Para Recuperando, la respuesta gubernamental tiene dos caras, ambas igualmente graves.
Por un lado, califican de «coartada» e «insulto a la inteligencia» que se siga argumentando que los datos están en fase de sistematización. «Han pasado casi nueve años desde la PNL (Proposición No de Ley) y más de ocho desde que los registradores entregaron los datos», reza el comunicado, que no duda en tildar la situación como una «ineficiencia difícilmente superable» si no esconde una voluntad deliberada de no publicar la información.
Por otro lado, ven un grave «problema democrático» en que el Gobierno derive a los parlamentarios a los registros de la propiedad. «Aplicar esa idea a una solicitud formulada por un diputado para acceder a un expediente administrativo del Gobierno es un despropósito», afirma la Coordinadora. «Cuestionar la legitimidad de un representante público para acceder a la documentación completa de un expediente es poner en cuestión la propia legitimidad del Parlamento. Es inaudito en una democracia», sentencian.
Un listado «inútil» y un expolio sin cuantificar
El núcleo del problema es que, sin una identificación clara de las fincas registrales (con coordenadas, referencias catastrales o descripciones literales completas), es imposible para ayuntamientos, particulares o administraciones reclamar lo que consideran suyo. El gobierno anterior ya utilizó este argumento de la «protección de datos» para evitar dar la información completa, llegando a recurrir decisiones del Consejo de Transparencia.
Recuperando recuerda que el verdadero objetivo del mandato de 2017 era precisamente ese: identificar los bienes para, en su caso, reclamar los que fueran de dominio público o se hubieran inscrito sin un título de dominio válido. Al proporcionar un listado que no permite esa identificación, «se pretende dar por cumplido el mandato con un listado inútil, huero, una burla».
La plataforma advierte de que la opacidad no es solo sobre el período 1998-2015. Recuerdan que «NADA se sabe aún de los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998», lo que amplía exponencialmente la magnitud de un posible expolio del patrimonio público y vecinal, que incluye desde catedrales y centros parroquiales hasta solares y viviendas.
Exigencia: publicación íntegra e inmediata
Por todo ello, Recuperando exige al Gobierno la «publicación íntegra e inmediata del expediente correspondiente de la PNL 161/001437», incluyendo las notas simples o la documentación equivalente que permita identificar cada bien con claridad. Solo así, concluyen, se podrán «activar, por fin, las acciones de recuperación que el Congreso ordenó en 2017». El comunicado deja un poso de advertencia: «Un Gobierno que mantiene la opacidad, dilata la entrega del expediente y desplaza la responsabilidad a terceros se convierte en cómplice necesario del posible expolio».
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