El Comité Europeo de Derechos Sociales admite una denuncia por el «abandono» de mayores y dependientes durante la pandemia
Por Agencia LQS*
«La denuncia pone de manifiesto las significativas inequidades en el riesgo de fallecimiento entre las comunidades autónomas, con un número comparativamente elevado de defunciones en la Comunidad de Madrid, con 7291 muertes de residentes en las propias residencias en solo dos meses…»
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), admite la demanda por vulneración de los derechos de los mayores y de las personas en situación de dependencia durante la pandemia. Un trabajo en el que han participado varias personas durante más de un año y está relacionado con lo que ocurrió en el sistema asistencial sanitario-social con el Covid-19. Es una denuncia por incumplimiento de la Carta Social Europea…
Nota de prensa:
Más de 30.000 personas dependientes fallecieron, excluidas del sistema de salud en su momento más crítico, con numerosos incidentes graves denunciados por las familias de las víctimas, profesionales sanitarios y diversas organizaciones sociales. Ahora, Europa ha decidido investigar.
La denuncia que ha sido presentada por el Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales, y en la que han participado familias de las víctimas, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), la Asociación estatal Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), la Asociación andaluza Chiclana, ciudad de los cuidados, profesionales de la Sanidad Pública (epidemiología, neurología, cardiología), asociaciones vecinales, profesionales y activistas de plataformas y movimientos sociales de Dependencia y Sanidad Pública, redactada con el asesoramiento jurídico de Juan Carlos Rois, de la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (OJDS) de Cuarto Mundo, ha sido admitida a trámite por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
La Reclamación Colectiva presentada, denuncia que:
1. Autoridades sanitarias de diferentes CC.AA., han vulnerado los derechos de ancianos y de personas en situación de dependencia, en particular de quienes vivían en residencias. La demanda sostiene que las muertes ocurrieron debido a protocolos e instrucciones internas que discriminaban a los pacientes según la edad, la dependencia, y las comorbilidades, impidiendo traslados a hospitales y el acceso a cuidados intensivos para ancianos y personas dependientes.
2. Los centros de Atención Primaria y Hospitales carecían de medidas preventivas, incluyendo equipos de protección para los profesionales, pruebas y suministros médicos.
3. Las condiciones de vida en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, eran deficientes e inapropiadas con falta de personal y de coordinación con los servicios de salud.
4. A las personas con discapacidad se les negó una atención médica adecuada, rehabilitación y ayuda domiciliaria que provocó la muerte de miles de ellos en su domicilio.
5. Los servicios para personas dependientes fueron interrumpidos, o retrasados.
6. Las medidas de aislamiento en las residencias de mayores y de personas con discapacidad privaban a los residentes de visitas familiares adecuadas y servicios sociales, en violación de la Carta Social Europea.
Así mismo, la denuncia pone de manifiesto las significativas inequidades en el riesgo de fallecimiento entre las comunidades autónomas, con un número comparativamente elevado de defunciones en la Comunidad de Madrid, con 7291 muertes de residentes en las propias residencias en solo dos meses. En Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con restricciones de traslado a hospitales, se vulneraron también derechos fundamentales y discriminación institucional que provocaron altos impactos de mortalidad.
A partir de la admisión de la Reclamación Colectiva se abrirá un plazo de adhesión a la denuncia de personas en situación de dependencia, familias de víctimas, profesionales de dependencia (trabajadoras/es sociales, residencias y SAD), organizaciones sociales, plataformas, movimientos sociales.
Así mismo, se llevará a cabo, una campaña de recogida de firmas exigiendo responsabilidades, y la elaboración de una nueva ley de dependencia, con el objetivo de evitar que se vuelvan a producir estos hechos en los grupos vulnerables de nuestra sociedad.
Madrid, abril de 2026
* Comisión Reclamación Colectiva
“Más de 30.000 personas dependientes discriminadas”
⇒ Ver denuncia:
No. 259/2026 Sindicato SAD de cuidadoras profesionales municipales v. Spain
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