Ecuador deporta a Ola Bini, programador vinculado a Assange, tras declararlo «amenaza» para la seguridad
Por Agencia LQS
El activista y experto en ciberseguridad, residente en Ecuador desde hace más de una década, fue detenido en el aeropuerto y expulsado de forma inmediata sin que se le presentara una orden judicial, según denunció su abogado.
Las autoridades de Ecuador han ordenado la deportación inmediata del programador y activista sueco Ola Bini, vinculado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tras ser declarado como una «amenaza» para la seguridad del Estado ecuatoriano. La decisión se produjo este pasado jueves y ha generado una fuerte controversia por la falta de transparencia y las irregularidades procesales denunciadas por su defensa.
Bini, que llevaba más de una década afincado en el país andino, fue detenido en el aeropuerto de Quito por cuatro personas que se identificaron como agentes de migración. Así lo relató él mismo a través de sus redes sociales: «Ahora estoy en el aeropuerto rodeado de policías. Un informe secreto dice que soy una amenaza para Ecuador, así que fui deportado de inmediato, sin que el juez esperara siquiera el habeas corpus que se presentó antes de la audiencia».
Detención sin orden judicial y basada en informes secretos
Su abogado, Carlos Soria, denunció que la detención fue ilegal y que las autoridades «jamás le presentaron ninguna orden de autoridad competente». Según el relato del letrado, al llegar a migración le comunicaron que le habían revocado el visado, pero no se le mostró ningún documento que avalara su retención.
Horas después, Soria confirmó que se había ordenado «la deportación inmediata» de su cliente «sin ningún motivo o prueba». El pretexto utilizado, según el abogado, son actos en contra de la seguridad del Estado ecuatoriano, pero los informes que lo sustentan son secretos y ni siquiera la defensa ha tenido acceso a ellos.
«Hoy Ola será deportado y se prohíbe su ingreso al país por diez años. Como duele mi país, sus funcionarios y sus instituciones», lamentó Soria en un mensaje público.
El propio Bini denunció que no ha tenido acceso al informe que lo incrimina, subrayando la indefensión que esto genera: «Es imposible defenderse contra lo que no te permiten saber».
Un caso ligado a la sombra de Assange
La figura de Ola Bini ha estado estrechamente ligada al caso de Julian Assange desde que el fundador de WikiLeaks se refugiara en la Embajada de Ecuador en Londres. Bini fue detenido en 2019, poco después de que Assange fuera arrestado por la policía británica tras la retirada de su protección diplomática.
En aquel momento, Bini afrontó un juicio en Ecuador por sus presuntos vínculos con Assange, pero el caso nunca prosperó. Su defensa recuerda que «todas las medidas cautelares le fueron levantadas» y que no existió una condena en su contra. A pesar de ello, su nombre ha permanecido bajo la vigilancia de las autoridades ecuatorianas, que ahora lo han señalado como una amenaza para la seguridad nacional.
La deportación exprés de Bini ha planteado serias dudas sobre el respeto al debido proceso en Ecuador. La presentación de un habeas corpus antes de la audiencia no impidió que se ejecutara la expulsión, lo que sugiere una decisión tomada al margen del control judicial.
Mientras el activista se encontraba aún en el aeropuerto, rodeado de policías, su futuro inmediato quedó sellado: deportación y prohibición de entrada al país por diez años. Las razones concretas, amparadas en informes secretos, permanecen ocultas tanto para él como para su defensa y la opinión pública.
El caso de Ola Bini vuelve a poner el foco sobre la situación de la libertad de expresión y el trato a activistas vinculados a la defensa de la privacidad y la ciberseguridad en la región, así como sobre los mecanismos de seguridad del Estado ecuatoriano y su opacidad.
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