‘Víctimas SA’: la manipulación política del sufrimiento

Por Àlex Romaguera*

La violencia política en el Estado español ha acarreado numerosas víctimas. Desde la etapa franquista hasta nuestros días, miles de personas han visto lesionada su integridad física y psíquica a causa de sus ideas, pero no todas han sido reconocidas.

Fruto de la presión de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), creada en 1981 por tres viudas de militares, la primera Ley estatal de víctimas, apoyada por los grandes partidos en 1999 tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco dos años antes, estableció que solo serían reconocidas las víctimas causadas por la organización armada vasca, los GRAPO, el FRAP, así como otras bandas insurreccionales que han actuado contra el orden establecido.

Dicha norma, pues, dejaba al margen de cualquier ayuda y reparación a las víctimas cometidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de los grupos ultras o parapoliciales que, durante la Transición y la década de los años 80, operaron en el marco de la guerra sucia. Una inequidad que, como han advertido varios expertos, contraviene el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por las Naciones Unidas y ratificado por España en 2001, cuyo preámbulo indica que el concepto de “terrorismo” no únicamente tiene que emplearse a la “violencia clandestina que ha atentado contra el orden constitucional”; también a los crímenes cometidos por las organizaciones ultras o las mismas fuerzas policiales, a las cuales se atribuye, solo entre 1975 y 1982, un total de 135 asesinatos en el Estado español.

Pese a la jurisprudencia europea, esa doble vara de medir se consagró definitivamente en 2011, cuando con el respaldo del ala dura del Partido Popular y otras asociaciones conservadoras, la AVT logró ampliar el redactado con la Ley de protección y reparación integral de las víctimas. Una norma cuya voluntad ha sido apuntalar definitivamente la narrativa según la cual en el Estado español solo ha habido una violencia -la perpetrada por las bandas catalogadas oficialmente como terroristas- y unas únicas víctimas, las causadas por estos grupos.

Con este relato, la AVT ha querido arrogarse la representación de todas las víctimas y, con el respaldo de la derecha, arremeter contra la izquierda y las voces disidentes. Así se observó a raíz de los atentados yihadistas del 11-M del 2004, cuando con el apoyo del PP, su presidente, Francisco Javier Alcaraz, atizó la teoría de la conspiración para deslegitimar la victoria del PSOE y emprender la “rebelión cívica”. Una estrategia consistente en utilizar el dolor de las víctimas como arma arrojadiza al servicio de la ofensiva reaccionaria que, desde entonces, tiene lugar en el Estado español.

A la postre, la AVT se ha ido enraizando en un movimiento donde también concurren los sindicatos policiales más conservadores, la Conferencia Episcopal Española, diversos medios de comunicación o el colectivo ultracatólico HazteOir, al cual la asociación ha apoyado en sus campañas contra las leyes del aborto o del matrimonio homosexual. Del mismo modo que, aunque sus estatutos la presentan como una asociación apartidista que limita su campo de actuación en atender a las víctimas, se ha posicionado contra el proceso de paz en Euskadi o los distintos referéndums que han tenido lugar en Catalunya.

Así, a través de iniciativas en la vía pública, su incursión en las escuelas y bajo el paraguas de la Fundación Víctimas del Terrorismo, el ente donde ostenta la vicepresidencia y recibe la mayoría de fondos para sus campañas, la AVT proyecta un discurso que busca instalar en el imaginario colectivo una determinada visión respecto a la violencia. De ahí que, en el marco de esta ofensiva, haya secundado la decisión del PP y Vox de derogar la Ley de memoria democrática de 2022 con el objetivo de imponer una Ley de concordia que equipara las víctimas del franquismo con las que, supuestamente, hubiera causado la República.

De todas formas, este relato, que busca reescribir la historia y que nos retrotrae a los tres principios del Movimiento (patria, dios y familia), cada vez encuentra más oposición entre la sociedad civil. En particular, entre un importante número de víctimas de la Policía Armada, los GAL, el yihadismo, pero también de ETA, que además de denunciar el uso partidista que la AVT hace de la violencia, reivindican la pluralidad del colectivo y la necesidad que todas las personas a quienes se han vulnerado su integridad vean satisfechos los tres derechos fundamentales que las Naciones Unidas fijaron en 1997: los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En ese intento de reconocer a todas las víctimas, hay que destacar también las leyes vasca y navarra, que los respectivos parlamentos acordaron en 2016 y 2019 para que las víctimas provocadas por los cuerpos policiales y la extrema derecha sean atendidas debidamente. Un paso que, según reclaman los relatores de las Naciones Unidas, tiene que venir acompañado por otras medidas tan o más importantes, como la abolición de la Ley de condecoraciones de 1964, la Ley de secretos oficiales de 1968, la Ley de amnistía de 1977 o la Audiencia Nacional. Según estas voces -y un número cada vez más relevante de víctimas- solo deconstruyendo ese marco de impunidad que arrastramos desde la dictadura y la Transición, y reconociendo todas las vulneraciones registradas desde entonces, España hará sus deberes en materia de justicia transicional y podrá avanzar hacia un marco jurídico y político que respete el conjunto de derechos individuales y colectivos básicos.

En este sentido, ‘Víctimas SA’ surge con la voluntad de repasar las circunstancias que han llevado a esa inequidad en el tratamiento de la violencia política en el Estado, a la cual ha contribuido la AVT, constituida en unos de los arietes de la ofensiva neoconservadora que, de la mano de PP y Vox, tiene lugar en el Estado español. Pero también reivindicar el conjunto de víctimas y entidades que, pese a ser estigmatizadas y perseguidas, trabajan cada día para lograr una sociedad más justa, humana, resiliente y en paz.

* Àlex Romaguera i Vendrell es periodista especializado en temas vinculados a la lucha por los derechos humanos y a la memoria histórica. Durante su actividad profesional ha sido redactor del semanario El Triangle y otros medios. El año 2017 fue autor, junto al exdiputado de la CUP David Fernàndez, de la obra Llums i Taquígrafs: Atles de la corrupció als Països Catalans, en la cual se cartografía el fenómeno de la corrupción política que ha tenido lugar en la actual etapa democrática, y en 2021 publicó el ensayo Víctimas en so de pau (Pagès Editors), cuyas páginas nos acercan a la vivencia de quince familiares de víctimas de la violencia política acontecida en el Estado español desde el tardofranquismo hasta nuestros días. Actualmente, es colaborador de la revista Directa y de los diarios Gara y Público.

⇒ Víctimas SA
Autor: Àlex Romaguera. Editorial: Txalaparta.
ISBN: 9788410246683. Idioma: Castellano.
Número de páginas: 280. Año de edición: 2025.

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