Los 77 nombres que esperan a León XIV en Perú
León XIV en la logia de la basílica de San Pedro tras su elección, el 8 de mayo de 2025. Foto: Edgar Beltrán / The Pillar. CC BY-SA 4.0.
Por Cecilia Remis
A un día del aterrizaje del papa en Lima, una base de datos de la organización BishopAccountability.org reúne a 77 religiosos acusados públicamente de abusar de menores en el país. Las víctimas piden que la visita no se quede en la foto: que los obispos publiquen los nombres de los acusados, que se cree una Comisión de la Verdad y que la tolerancia cero se convierta en ley canónica universal.
El miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV aterrizaba en la Base Aeronaval del Callao para abrir una visita de seis días que le llevará por Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa. No es un regreso cualquiera: Robert Prevost vivió 21 años en Perú, se nacionalizó peruano hace una década y fue obispo de Chiclayo. Pero la bienvenida llega acompañada de una lista.
El jueves 5 de noviembre, la organización estadounidense BishopAccountability.org presentó en Lima una base de datos con 77 miembros de la Iglesia católica (sacerdotes, hermanos, seminaristas y laicos consagrados, peruanos y extranjeros) acusados públicamente de abusar sexualmente de menores en parroquias y escuelas del país. El registro se apoya en publicaciones periodísticas, archivos judiciales, los informes publicados en 2019 por la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones de Perú y, sobre todo, en «¿Cueva de abusadores o Iglesia segura?», el libro que publicó este año Reinaldo Nann, exobispo de Caravelí que renunció al ministerio sacerdotal.
La propia organización asume dos precisiones que conviene subrayar. La primera: la lista no es el universo completo, porque la Iglesia peruana no publica estadísticas oficiales sobre víctimas ni sobre religiosos denunciados. La segunda: figurar en ella significa haber sido acusado públicamente, no necesariamente juzgado ni condenado.
Acusado, investigado, sancionado o condenado: no es lo mismo
Hay quien sí tiene condena. El sacerdote Cristián Alejandría Agreda, del Obispado Castrense, consta como condenado en la base de datos, tras ser acusado en septiembre de 2017 de agredir sexualmente a una niña de 13 años. Frente a él, el caso contrario: Luis Alejandro Bazalar García fue condenado a ocho años de prisión en enero de 2016 por un caso relacionado con un seminarista de 17 años, pero la Corte Suprema anuló la sentencia en agosto de ese mismo año y lo absolvió por insuficiencia probatoria. Al sacerdote Félix Pariona, acusado en 2017 de violar a una niña de 15 años en Ayacucho, se le ordenó un nuevo juicio en 2020 después de una primera absolución.
Otros expedientes siguen abiertos. Marco Agüero Vidal fue detenido el 3 de marzo de 2026 en su parroquia de San Borja, en Lima, después de que cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, lo denunciaran por presuntos tocamientos durante la confesión. Quedó en libertad una semana después. La Arquidiócesis de Lima reconoció entonces que había recibido advertencias contra él en diciembre de 2025 y que había abierto una investigación preliminar; la Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva el 13 de marzo, y el 18 de abril el Poder Judicial le levantó la prohibición de salida del país.
Y hay denuncias que parecen no tener consecuencias. Manuel Mendoza Ruiz, de la Prelatura de Huamachuco, fue denunciado en 2015 por presuntos tocamientos a un adolescente de 15 años; la madre del menor presentó una denuncia penal en mayo de 2017 y, aunque el sacerdote fue suspendido en 2016, las restricciones sobre su actividad se modificaron después. Roosevelt Flores, de la diócesis de Huancavelica, acusado de violar a una joven de 16 años en 2021, continuó ejerciendo el ministerio pastoral después de pasar a la clandestinidad. En la lista figura también el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, exarzobispo de Lima e integrante del Opus Dei: en 2018, un hombre escribió al papa Francisco para denunciar presuntos abusos cometidos en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años y Cipriani era su confesor.
El informe no señala solo a los presuntos agresores, sino también a los presuntos encubridores, como Salvador Piñeiro, expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, o José Antonio Eguren, exobispo de Piura y Tumbes. Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop Accountability, fue tajante en la presentación: «La Iglesia peruana, de manera terca, está poniendo a los niños en riesgo al encubrir a los victimarios. Reprime a las víctimas al no validarlas e impide a las autoridades civiles identificar y acusar la complicidad de los líderes de la Iglesia».
El caso Sodalicio y la justicia que no llega
Sobre la visita planea el caso más emblemático: el ‘Sodalicio’ de Vida Cristiana, la organización ultraconservadora suprimida por el papa Francisco a inicios de 2025 tras años de denuncias de abusos sistemáticos contra niños y adolescentes. La disolución fue una sanción canónica sin precedentes, pero no ha tenido traducción penal. José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes y presidente de la Red de Sobrevivientes del Perú, lo resume así: «El caso Sodalicio es el más vergonzoso de toda la historia judicial del país. No ha habido un solo caso donde se haya hecho algo a pesar de las evidencias. Los únicos en peligro judicial son los denunciantes y los periodistas que padecen una persecución por revelar los casos».
Un papa que conoce el expediente
León XIV no aterriza de nuevas. Como obispo de Chiclayo presidió la Comisión de Protección del Menor de la Conferencia Episcopal Peruana, donde coincidió con el propio Nann, que le describe como el religioso «más abierto a escuchar a las víctimas que el resto de obispos, que eran mucho más miedosos», aunque le reprocha su prudencia: «Tiene todo el poder para realizar cambios, pero no lo hace suficientemente rápido en favor de las víctimas».
Uno de los expedientes que vuelven con él es el del sacerdote Eleuterio Vásquez González, el «padre Lute». En noviembre de 2023, Ana María Quispe hizo públicas sus denuncias de abusos sexuales sufridos, según su testimonio, entre 2005 y 2009 a manos de ese clérigo y del padre Ricardo Yesquén Paiva. Según su declaración, había informado antes a Prevost, que creyó su testimonio y la animó a denunciar ante las autoridades civiles. La diócesis de Chiclayo informó después de que el actual pontífice había remitido a la Santa Sede el expediente de una investigación preliminar el 21 de julio de 2022.
Tres peticiones y una reunión en el aire
La Red de Sobrevivientes del Perú, Bishop Accountability y el exobispo Nann han lanzado tres peticiones concretas al Papa: que los obispos peruanos y los superiores religiosos publiquen los nombres de los clérigos acusados como medida de prevención; que se cree una Comisión de la Verdad que investigue estos casos; y que la tolerancia cero con los culpables se convierta en ley universal dentro del derecho canónico.
La Santa Sede anunció el 27 de octubre que la gira incluirá encuentros con víctimas de abusos, un día después de que una treintena de supervivientes del Sodalicio entregara en la Nunciatura de Lima una carta pidiendo ser recibidos. La Nunciatura confirmó después que el encuentro en Perú se producirá en Lima, sin precisar fecha ni lugar, y la agenda oficial publicada no lo recoge. Escardó denunció el 8 de noviembre que el nuncio y la cúpula de la Conferencia Episcopal le han dejado fuera y que el encuentro con víctimas del Sodalicio se está preparando, según le comunicaron, para el 14 de noviembre en Chiclayo, con asistentes filtrados para excluir a las voces críticas: «Creo que van a hacer una especie de reunión tipo maquillaje y van a invitar a algunas víctimas silenciosas, positivas hacia la Iglesia, que no vayan a pedir nada complicado. Ojalá me equivoque».
Los impulsores de la lista lo tienen claro. «Esperemos que el Papa haga algo por su querido Perú», cerró Barrett Doyle la conferencia de prensa. Mientras la Iglesia peruana no publique una sola cifra oficial sobre los religiosos denunciados, 77 seguirá siendo un número incompleto: la parte de la lista que las víctimas han tenido que construir por sí solas.
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