Especulación inmobiliaria con aroma a incienso: denuncian la venta ilegal de 13 inmuebles de la Fundación Fusara

Especulación inmobiliaria con aroma a incienso: denuncian la venta ilegal de 13 inmuebles de la Fundación Fusara

Por Turón Valle e Iñaki Alrui*

Os dejamos la entrevista con Clara Lapetra, una de las afectadas por la especulación inmobiliaria del Arzobispado de Madrid, a través de la Fundación Fusara, Clara nos cuenta con detalles toda una trama de trampas y abusos para echar a las inquilinas de sus casas, y te adelantamos, no es ciencia ficción es pura realidad, por si te cuesta creerlo…

Los inquilinos, avisados de que los pisos eran inalienables, han invertido en reformas y ahora enfrentan desahucios tras una operación con empresas pantalla y la presunta complicidad del Arzobispado.

Viene el Papa y en la casa de Dios cogemos todos… «Estamos ante una de las mayores estafas inmobiliarias que se han producido en sede de la Iglesia en este país. Con esta contundente denuncia, Clara La Petra, vecina del centro de Madrid y afectada por la venta de 13 inmuebles de la Fundación Fusara, relata una trama de corrupción que involucra al Arzobispado de Madrid, al cardenal José Cobo, y a una red de empresas pantalla constituidas con apenas 3.000 euros.

Los pisos, situados en pleno corazón de la capital, pertenecían a una fundación civil creada gracias al legado de dos viudas que donaron todo su patrimonio para sustentar a los pobres de Madrid. Durante décadas, las rentas de esos inmuebles financiaron colegios y ayudas sociales. Sin embargo, en 2019, los vecinos recibieron una carta que lo cambiaba todo: los edificios habían sido vendidos en bloque a una empresa externa.

Clara lleva 13 años viviendo en uno de esos pisos junto a su marido y su hija. Como ella, decenas de vecinos invirtieron en reformas con la promesa de que la fundación no podía vender los inmuebles. “Nos dijeron que nuestros alquileres iban a durar mucho tiempo porque la fundación en ningún caso podía venderlos”, explica. Pero la promesa se rompió.

Empresas pantalla y un patrón sospechoso

La investigación judicial, iniciada gracias a una querella vecinal, destapó una operación opaca: cada edificio fue vendido a una empresa diferente, todas ellas creadas el año anterior con un capital social de 3.000 euros. “Constituimos una empresa con 3.000 euros y compramos 14 edificios en Madrid… no está mal”, ironiza Clara.

El entramado, según los afectados, oculta la participación de fondos buitre como Ares o Castlelake, con sede en Luxemburgo. Y aparece un nombre clave: Javier Pastoraturín, miembro del Consejo Económico y Social del Arzobispado de Madrid y, a la vez, asesor de esos mismos fondos inmobiliarios. “Casualidades de la vida”, sentencia Clara.

El papel del Arzobispado y el cardenal Cobo

La Fundación Fusara tenía un patronato plural que incluía, por estatutos, al alcalde de Madrid, al delegado de Gobierno o al presidente del Tribunal de la Rota. Pero hoy, denuncian los vecinos, solo quedan el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y dos curas de su confianza. “Solo hay un voto en ese patronato”, critica Clara.

Cobo, que ya era asesor del anterior arzobispo, monseñor Osoro, ha presidido la operación de venta. El pasado 31 de julio de 2025, en pleno verano, se perfeccionó la compraventa de 13 de los 14 edificios (uno se recuperó, la sede de la fundación, “para quedar bien”). El precio fue de algo más de 20 millones de euros, una cantidad que los inquilinos califican de “irrisoria” para el mercado actual.

Cambio de estrategia y abogados incómodos

El Papa Francisco llegó a interesarse por el caso y envió a su asesor fiscal, Javier Belda, junto al abogado Íñigo Canales, con una estrategia clara: recuperar los inmuebles. Pero, misteriosamente, ambos fueron apartados. En su lugar, la fundación contrató a Jesús Santos, socio del gigante legal Baker McKenzie, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado de la trama Gürtel.

Desahucios en ciernes y un futuro incierto

Con las medidas cautelares que protegían a los vecinos ya levantadas, los pisos han pasado a manos de una nueva empresa pantalla, Hwell Management, también constituida con 3.000 euros. Ya han comenzado las amenazas de desahucio, dirigidas especialmente a personas de prórroga forzosa, ancianos que nacieron en esos edificios y cuyos padres ya fallecieron.

Los vecinos se han acogido a un real decreto que les permite prorrogar sus alquileres dos años, pero la sensación es de impotencia. “Se han salido con la suya con algo que se ha demostrado absolutamente ilegal. Da rabia y coraje. Y no solo por nuestro futuro, sino por la sensación de que la verdad no se impone”, lamenta Clara.

Mientras tanto, el Arzobispado de Madrid, en boca de su cardenal José Cobo, sigue sin recibir a los vecinos. Está “muy ocupado” organizando la visita papal. “Que su ambición no tenga que ver con mi vivienda. Que quiera escalar en el Vaticano, pero no a costa de nuestros derechos fundamentales”, concluye Clara.

La justicia, por ahora, calla. Los inquilinos, en vilo. Y 13 edificios del centro de Madrid, en manos de un entramado que huele a estafa con aroma a incienso.

* La entrevista se grabó en mayo para el podcast «De terrícolas y Derechos: ¡Qué viene el Papa!«
Turón Valle e Iñaki Alrui son miembros de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos.

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