La enseñanza, una crisis que puede costar el gobierno a Juanfran Pérez Llorca
Marea verda per l’educació pública. Castelló
Por Vicent Maurí Genovés
«La situación de la educación debería servir de ejemplo y de impulso para extender la lucha en defensa de los servicios públicos y de la mejora de las condiciones de trabajo en el resto de sectores, tanto del sector público como del privado, frente a un gobierno valenciano que está vulnerando derechos básicos y deteriorando las condiciones de vida y laborales de las trabajadoras y trabajadores y de la mayoría social…»
La jornada de huelga del 31 de marzo ha marcado un punto de inflexión en el conflicto educativo en el País Valenciá. La convocatoria de los sindicatos, sostenida por un fuerte movimiento asambleario en los centros docentes, ha sido un éxito indiscutible y ha llenado calles y plazas con miles de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza, familias y estudiantado. No se trata de un episodio aislado, sino de la expresión de un profundo y acumulado malestar.
El sector educativo valenciano no es nuevo en la movilización. Por el contrario, acumula décadas de organización y lucha: desde la histórica huelga del 88 hasta la contestación multitudinaria en el mapa escolar y la defensa de un modelo de escuela pública; pasando por la respuesta a los recortes y políticas de ajuste, así como por conflictos como las reivindicaciones por la homologación retributiva o la lucha del profesorado interino. Esta trayectoria ha consolidado un movimiento asambleario arraigado en los centros educativos, con gran capacidad de autoorganización y de respuesta colectiva cuando la situación lo exige.
Es necesario reconocer, por tanto, la labor y el esfuerzo sostenido del conjunto de trabajadoras y trabajadores de los centros educativos, que han demostrado, una vez más, una enorme capacidad de organización desde abajo, de coordinación y de movilización, vertebrando un movimiento legítimo que da voz a unas reivindicaciones ampliamente compartidas.
Esto es lo que hemos vuelto a ver estos días. Y, pese a los intentos de la Conselleria de Educación de minimizar el alcance de la protesta, la realidad está clara: el seguimiento ha sido alto y el apoyo social, amplio. Pero lo grave no es solo la voluntad de desdibujar la movilización, sino la negativa explícita de la consellera Ortí a abrir una negociación real con el sector. Esta actitud no sólo evidencia una carencia de voluntad política, sino que actúa como combustible del conflicto.
El gobierno de Juanfran Pérez Llorca se enfrenta así a una situación que no puede gestionar ni con inacción ni con propaganda. Lo que está en juego va más allá de unas reivindicaciones puntuales: es la defensa de la educación pública, de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza y del futuro del sistema educativo.
En este sentido, las demandas que motivaron la huelga son legítimas y responden a necesidades reales del sistema educativo valenciano. Hablan de mejorar las condiciones laborales, de garantizar suficientes recursos y de defender una educación pública de calidad, al servicio del pueblo valenciano. No se trata sólo de un conflicto sectorial, sino de una cuestión de país.
Por eso, el presidente debe mover ficha. Tiene la responsabilidad de impulsar una rectificación, abrir vías de negociación y atender unas demandas legítimas y ampliamente compartidas. Si avala el bloqueo de su consellera, hará suyo el conflicto y asumirá todas sus consecuencias.
Porque el profesorado valenciano y el conjunto de trabajadoras y trabajadores de los centros educativos han demostrado, una vez más, que no piensan quedarse quietos. Y, si no hay respuesta, el conflicto irá a más, con nuevas movilizaciones en las próximas semanas, que pueden llegar, como señalan los sindicatos, incluso a una huelga indefinida.
En este contexto, la situación de la educación debería servir de ejemplo y de impulso para extender la lucha en defensa de los servicios públicos y de la mejora de las condiciones de trabajo en el resto de sectores, tanto del sector público como del privado, frente a un gobierno valenciano que está vulnerando derechos básicos y deteriorando las condiciones de vida y laborales de las trabajadoras y trabajadores y de la mayoría social.
En política, ignorar a un sector organizado, en lucha y con legitimidad social, como el educativo, tiene un coste. Y todo apunta a que, si el gobierno persiste en esta actitud, el desenlace es previsible: la enseñanza puede acabar convirtiéndose en el fin político del gobierno de Pérez Llorca y de los conservadores al frente de la Generalitat.
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