Colombia: elogian nueva ley antimercenarios, pero alertan sobre reclutamiento masivo de exmilitares
Los ciudadanos colombianos, en su mayoría exmilitares, se encuentran entre los más solicitados para desempeñar funciones en el sector de la seguridad y en conflictos armados. UNMVC/Esteban Vanegas
Por Cecilia Remis*
Un grupo de especialistas en derechos humanos destacó la ratificación de la Convención Internacional contra el Mercenarismo, aunque advirtió que más de 10.000 colombianos, en su mayoría exuniformados, estarían participando en conflictos en el extranjero ante la falta de oportunidades laborales en el país.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios elogió la pasada semana la firma del presidente Gustavo Petro de la ley que ratifica en Colombia la Convención Internacional contra el Mercenarismo de 1989. No obstante, al término de una visita al país sudamericano, las expertas independientes lanzaron una alerta: miles de ciudadanos colombianos, especialmente exmilitares, estarían siendo reclutados para participar en conflictos armados en el exterior, atraídos por altos salarios y la escasez de opciones laborales en su territorio.
“La revisión acelerada y la plena aplicación de la nueva ley para prevenir la actividad mercenaria ilegal constituyen un paso esencial hacia la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”, señalaron las especialistas en un comunicado.
Sin embargo, advirtieron que el fenómeno va más allá de la norma. Según sus estimaciones, más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados en conflictos armados en distintas partes del mundo, tanto por medios legales como irregulares. “Es necesario recabar datos más precisos y abordar las causas originarias, ya que es probable que esta tendencia siga aumentando”, agregaron.
Las expertas explicaron que los colombianos, en particular aquellos con formación militar, son altamente solicitados para desempeñar funciones en el sector de la seguridad privada y en zonas de guerra. Los altos incentivos económicos, la falta de empleo en el país y el creciente reclutamiento a través de plataformas digitales han disparado las solicitudes para trabajar en el extranjero, incluso en combate activo.
Uno de los puntos más críticos señalados es la situación de las familias de quienes han fallecido o desaparecido en el campo de batalla. Muchas de ellas enfrentan enormes dificultades para obtener información, sobre todo en casos de reclutamiento engañoso o predatorio. A esto se suma el riesgo que representan las empresas de seguridad privada no reguladas, el uso de armas sin licencia y tecnologías avanzadas como drones, que pueden vulnerar los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo reconoció que los empleos legítimos en seguridad y defensa en el exterior son una fuente importante de ingresos para los colombianos, pero subrayó que el mercenarismo está prohibido por el derecho internacional y constituye una grave amenaza para la paz y la dignidad de las personas.
Para hacer frente a esta problemática, las expertas recomendaron una acción interinstitucional coordinada, cooperación internacional, campañas de sensibilización y la generación de mejores oportunidades económicas dentro del país.
“Abordar de manera eficaz el reclutamiento de mercenarios no es solo una cuestión nacional, sino que requiere cooperación a nivel regional y mundial”, concluyeron.
El informe completo con sus observaciones será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.
* Con información de Noticias ONU.
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