Algunas reflexiones sobre los disturbios del 17 de octubre
Por Luis López*
Tras los disturbios ocurridos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Dónde podría estar la mano de quienes instigan esta violencia, o de quienes permiten que ocurra, con el objetivo primordial de imponer un orden autoritario?
¿A quién beneficia «el crimen»?
En la historia de nuestro país, no es la primera vez que se emplea la «estrategia de la tensión» para conferir credibilidad y legitimidad a medidas de excepción —como las que acaba de adoptar el gobierno de Lecornu—, las cuales sirven de preámbulo para acostumbrar a la sociedad a un régimen fascista que corre el riesgo de surgir de las urnas en 2027.
Permitir que actúen grupos —como los black blocs o los «autónomos»—, algunos cientos, conocidos por las fuerzas policiales, dado que es de sobra sabido que estos grupos están infiltrados por agentes de policía y por neonazis camuflados; individuos que, precisamente para ganar aceptación, se muestran como los elementos más beligerantes y «revolucionarios». Tanto la literatura como nuestra propia historia están repletas de ejemplos de este tipo de manipulaciones policiales. Fomentar provocaciones, incitar a algunos a saquear comercios o romper escaparates —o simplemente dejarles actuar a sus anchas— tiene como fin que los medios de comunicación difundan estas acciones una y otra vez, esperando que la opinión pública las condene. Se busca así equiparar a la minoría de alborotadores con la inmensa mayoría de los manifestantes pacíficos. Acusar a La France Insoumise de estos desmanes es también una táctica muy utilizada por la derecha más reaccionaria; un precedente claro es el incendio del Reichstag, del que se acusó a los comunistas cuando, en realidad, fueron los propios nazis quienes lo provocaron.
El objetivo primordial es desacreditar el movimiento en su conjunto —800 000 manifestantes en las calles de las ciudades de Francia—, sin atender a sus reivindicaciones legítimas; el objetivo final, imponer medidas autoritarias. Ya sea mediante una respuesta exclusivamente policial o permitiendo que la violencia escale hasta volverse inaceptable para la población —generando así un profundo hartazgo—, se trata de técnicas bien ensayadas por los sucesivos gobiernos desde hace años. ¿Cómo entender, entonces, que el señor Nuñez, ministro del Interior, desplegara tan pocos efectivos el 17 de octubre? A seis meses de las elecciones presidenciales, dejar que se instale el desorden es la mejor manera de justificar e imponer un orden autoritario. No responder a las demandas de los estudiantes de secundaria, los trabajadores y los jubilados ante el encarecimiento de la vida —mientras, desde hace mucho tiempo, se favorece a los más ricos— genera un sentimiento de injusticia real.
La búsqueda del caos por parte del gobierno es una técnica destinada a atemorizar a los habitantes: tanto a los de las ciudades, que sufren estos sucesos en directo, como a los de las zonas rurales, quienes —pese a estar alejados de los acontecimientos— se muestran más receptivos a este tipo de interpretaciones, del mismo modo que ocurre con el racismo, a menudo sin haber tenido apenas contacto con extranjeros. Aterrorizar a la población e infundir miedo para lograr que acepten medidas coercitivas, bajo el pretexto de restablecer el orden: eso es lo que el gobierno de Lecornu y Macron pretende instaurar. El objetivo es restringir aún más las libertades públicas e individuales, sin dar respuesta alguna a las reivindicaciones planteadas. Además, en vísperas de las elecciones, el hecho de rechazar el debate y fomentar la idea —incluso a petición de una parte de la ciudadanía— de que figuras como Le Pen o el antisemita Bardella son las únicas capaces de restablecer la seguridad pone de manifiesto una connivencia ideológica. La coacción —propia de los regímenes autoritarios— se impone frente al debate —característico de las democracias— para lograr que se acepte lo peor. Prolongar estos desórdenes es, para el gobierno, la mejor manera de justificar, a lo largo del tiempo, una serie de medidas —primero policiales y luego legislativas— encaminadas a cuestionar los valores fundamentales de nuestra República (LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD), así como los logros sociales y las libertades públicas. Este proceso ya está en marcha: restricciones al derecho de manifestación, toques de queda, detenciones preventivas de 48 a 72 horas… Todas estas limitaciones de nuestros derechos serán percibidas por una parte de la población como medidas naturales o inevitables. Por tanto, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿a quién benefician estos altercados ajenos a las manifestaciones? La respuesta resulta evidente de inmediato.
* Hijo del exilio, ciudadano hispanofrancés.
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