El silencio cómplice de la Iglesia, uno de los mayores arrendadores de España
Por Iñaki Alrui*
Iglesia Católica, Sociedad Anónima mantiene la boca cerrada con el asunto de la vivienda, excepto para decir que en la acampada de Sol se están produciendo «cosas raras», sin especificar. Dos datos de nada: entre 1998 y 2015, la Iglesia española inscribió a su nombre 34.961 propiedades inmobiliarias; de esas, 14.947 son fincas, viviendas, locales y terrenos que alquila.
Y la Iglesia española desahucia cada semana a alguien, muchas veces ancianos y personas vulnerables. Estas cifras no son una excepción estadística: son la base de un imperio inmobiliario que opera con la misma lógica que cualquier fondo de inversión, pero con una diferencia clave: no paga impuestos por la inmensa mayoría de esas propiedades y, cuando se le pregunta, guarda silencio.
34.961 inscripciones: una herencia legal
En 1998, Aznar modificó la Ley Hipotecaria para permitir que la Iglesia católica inscribiera bienes inmuebles a su nombre con una simple certificación del obispo, sin necesidad de presentar ningún título de propiedad. Este mecanismo se conoció como «inmatriculación». Hasta que fue derogado en 2015, la Iglesia realizó 34.961 inscripciones por esta vía.
De esas, 14.947 no eran templos ni lugares de culto, sino viviendas, locales, garajes, terrenos y fincas rústicas: activos que generan rentas. En Canarias, el 76% de las 532 propiedades inscritas por la Iglesia entre 1998 y 2015 no contaba con ningún documento que acreditara la propiedad. En Navarra, los tribunales han anulado varias de estas inscripciones por falta de título. Pero la mayoría sigue en manos eclesiásticas.
Estas cifras no son un accidente administrativo. Son la base de un patrimonio inmobiliario que, según estimaciones del sector, supera los 12.000 activos con un valor de mercado que podría rondar los 3.000 millones de euros.
Un patrón que se repite: alquilar, vender, desahuciar
Los casos documentados en los últimos años dibujan un modus operandi reconocible.
En Madrid, la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT) posee más de 300 pisos en calles céntricas como Segovia, Toledo, Atocha o Santa Brígida, muchos obtenidos por donaciones de fieles. El 7 de mayo de este año, Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años, fue desahuciado de la vivienda donde había nacido y vivido toda su vida. El operativo movilizó a ocho furgones antidisturbios y varias dotaciones de bomberos. Durante nueve horas bajo la lluvia, decenas de vecinas y vecinos corearon consignas como «A Dios rezando y con la VOT desahuciando». Dos activistas se descolgaron por la fachada para intentar impedirlo. Fueron detenidos.
En Chamberí, la Fundación Fusara —cuyo patronato preside el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo— vendió 13 edificios en 2019 a una empresa pantalla. Los inquilinos habían invertido en reformas confiando en la promesa de que «la fundación no podía venderlos». Hoy se enfrentan a amenazas de desahucio. El precio de la operación: algo más de 20 millones de euros, una cifra que los afectados califican de «irrisoria» para el mercado actual. Detrás del entramado aparecen fondos buitre como Ares o Castlelake, con sede en Luxemburgo.
En Granada, el Arzobispado pretende convertir parte de la Abadía del Sacromonte —declarada Bien de Interés Cultural— en un hotel de lujo, con una inversión de 24,4 millones de euros. La operación incluye un aparcamiento subterráneo de 115 plazas y la reclasificación urbanística del inmueble. La Abadía ha recibido millones en subvenciones públicas para su conservación, incluyendo fondos del 1,5% Cultural y del Plan Alhambra. Ahora, ese patrimonio colectivo se rentabiliza en beneficio privado.
En Oviedo, el Arzobispado ha puesto a la venta seis fincas y una casa parroquial por más de 1,4 millones de euros. El patrón se repite: alquileres inicialmente bajos a cambio de que los inquilinos asuman reformas, subidas abusivas, y finalmente desahucios.
Las universidades católicas tejen una red de contactos con los grandes propietarios inmobiliarios
Las escuelas de negocios vinculadas a la Compañía de Jesús y al Opus Dei mantienen relaciones con algunas de las principales inmobiliarias y socimis de España. Estas conexiones se articulan a través de clubes de antiguos alumnos, cátedras, programas formativos y encuentros profesionales que acercan el ámbito académico católico a los directivos del sector.
ESADE, un club inmobiliario
En ESADE, escuela de negocios vinculada a la Compañía de Jesús, opera el Club Inmobiliario Esade Alumni. La entidad se define en su web como «el lugar de encuentro de los antiguos alumnos de Esade con intereses en el sector inmobiliario». Su objetivo, según la misma fuente, es constituirse en «un punto de encuentro y, sobre todo, un foro de formación, discusión y análisis de todo lo relacionado con la gestión de los activos inmobiliarios».
Entre las socimis que impulsaron el club desde su fundación figura Colonial, una de las principales inmobiliarias españolas. Su presidente, Juan José Bruguera, estudió en ESADE y forma parte de la asamblea de la Fundación Esade.
La relación entre la escuela y el sector inmobiliario también se traslada a la oferta académica. En febrero de 2025, Esade Alumni y la institución lanzaron una asignatura sobre inversión y gestión de activos inmobiliarios: «El sector inmobiliario: inversión y gestión de activos con enfoque ESG». Según la propia escuela, el programa busca «dar formación específica en las principales áreas de gestión del Real Estate», en un contexto en el que cada vez más inversores incorporan criterios ESG en las distintas etapas del ciclo de vida de sus inmuebles.
La Fundación Esade sitúa su origen en la iniciativa de un grupo de empresarios que, en 1958, encomendaron a los jesuitas la formación de profesionales. El objetivo, según recoge su web, era prepararlos para «liderar la transformación social y económica que, en los años 60, tuvo su máximo desarrollo».
IESE: operadores inmobiliarios en las aulas
El IESE Business School, vinculado al Opus Dei, mantiene también espacios de encuentro con representantes del negocio inmobiliario, incluido el residencial. La escuela afirma que sus «valores éticos y morales» se basan en la tradición cristiana y que ponen el acento en «los derechos, la libertad y la dignidad de cada persona».
Esa relación se materializa, entre otros espacios, en el IESE Real Estate Meeting. En su undécima edición, celebrada en el marco de sus actividades formativas y de networking, la escuela contó como instructores con consejeros delegados y miembros fundadores de empresas como Azora —actualmente Néstar— y Culmia. Ambas compañías operan en el mercado residencial español. En junio de 2025, Azora fue condenada a pagar 20.000 euros a sus inquilinas por incluir «numerosas cláusulas abusivas» en contratos de alquiler en Vallecas, se han declarado abusivas seis de las siete cláusulas denunciadas. Culmia es una de las promotoras vinculadas al Plan Vive de la Comunidad de Madrid.
La relación entre formación empresarial y doctrina religiosa aparece también en los escritos del fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. En una misiva dirigida a miembros de la organización sobre la misión evangelizadora del IESE, defendía el ejercicio de los negocios y las finanzas como actividad compatible con los principios cristianos: «vuestra mentalidad laical no entiende que haya ningún mal en el hecho de ejercer los negocios o las finanzas, porque sabéis orientar esas tareas con espíritu cristiano y apostólico».
Nos preguntamos si ese «espíritu cristiano y apostólico» incluye o no los contratos abusivos y los desahucios. Serán «pecaditos» que luego en el confesionario se saldan con tres simples avemarías, y a dormir tranquilos. Así es Iglesia Católica SA.
La Iglesia que se denuncia a sí misma
No toda la Iglesia calla. En octubre de 2026, una red de entidades eclesiales —Cáritas, HOAC, Justicia y Paz, JEC, JOC— publicó un manifiesto denunciando «la creciente especulación inmobiliaria» que dificulta el acceso a la vivienda. El texto, titulado Iglesia por el Trabajo Decente, pide «regular los alquileres, ampliar el parque público de vivienda y frenar la especulación».
«Cuando el derecho a la vivienda se subordina a la lógica especulativa, el trabajo pierde su capacidad de sostener una vida digna», señala el documento. En Valencia, el mismo colectivo advierte que «la vivienda se ha convertido en un bien de mercado y no en un derecho».
El problema es que estas organizaciones no tienen poder sobre las propiedades. El patrimonio inmobiliario de la Iglesia no lo gestionan Cáritas ni las parroquias de barrio: lo administran los obispados, las órdenes religiosas y las fundaciones canónicas. Y ahí, el silencio es la norma.
La pregunta incómoda
El Gobierno español publicó en 2026 la lista completa de las 34.961 inmatriculaciones, permitiendo por primera vez a terceros reclamar la propiedad. Pero las inscripciones ya realizadas no se revocan automáticamente. La Iglesia conserva la titularidad de miles de inmuebles, y los tribunales solo actúan si alguien denuncia y puede probar que el bien le pertenecía.
Mientras tanto, en Madrid, en Granada, en Oviedo, en Valencia, los desahucios continúan. La Iglesia española alquila, vende y desahucia. Y cuando se le pregunta por la acampada de Sol, solo dice que allí pasan «cosas raras», sin especificar.
Quizá porque la cosa más rara de todas es que la institución que predica la caridad sea, al mismo tiempo, uno de los mayores rentistas del país.
Desahucios y especulación: una orden religiosa que acumula propiedades en el centro de Madrid
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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@InakiAlo
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